FATAP responsabilizó al municipio de la Capital por el paro de colectivos

Desde la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP) apuntaron contra el Gobierno nacional y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán como responsables de la crisis que dejó sin el servicio de transporte urbano a los vecinos de la Capital provincial por tiempo indeterminado. Mediante un comunicado que lleva las firmas del presidente de la entidad, Gerardo Ingaramo, y del secretario, Gustavo Larrea, la entidad recordó que desde hace tiempo venía advirtiendo “sobre los riesgos de quiebre de los sistemas de movilidad masiva de las ciudades del Interior y la consecuente pérdida de puestos de trabajo”. En este sentido, apuntaron como el principal factor de esa crisis “la eliminación del Fondo Compensador del Transporte, así como toda asistencia al Transporte del Interior” por parte del Gobierno del presidente Javier Milei. Agregaron que a eso se suma “el permanente incumplimiento de los poderes concedentes (los Municipios) en la fijación de tarifas acordes a los contratos que ellos mismos dispusieron, no puede menos que generar el estado de situación que hoy se aprecia en Tucumán y amenaza con extenderse a numerosas ciudades del Interior”. La FATAP advirtió que esta situación “ha generado que el capital de las empresas se haya deteriorado severamente, al verse compelidas a una economía de mera subsistencia precaria, sin posibilidad de renovar parque automotor o invertir en tecnología y mejores servicios”. A continuación, criticaron al Ejecutivo Municipal, que lidera la intendenta Rossana Chahla, por considerar que es “responsable directo de haber creado las condiciones de pauperización del sistema que ha hecho eclosión en la ciudad de Tucumán” y criticaron que, a pesar de ello, “responsabilice de la situación a las prestadoras pretendiendo eludir sus claras y manifiestas responsabilidades políticas, contractuales y legales”. En ese contexto, desde FATAP reclamaron “a las autoridades con competencia en la materia que asuman el rol que les cabe y, aunque tardíamente, tengan a bien proveer al sistema de los medios técnicos, económicos y financieros que surgen de los contratos de concesión y las normas vigentes, a fin de que la prestación de los servicios se realice en condiciones de sustentabilidad y previsibilidad que los tornen viables, evitando así el quiebre definitivo del sistema y la pérdida de la totalidad de los puestos de trabajo”.