Un hombre fue imputado por emitir certificados falsos a policías

El Ministerio Público Fiscal lo acusó de falsificar al menos nueve certificados médicos para agentes policiales, cometiendo delito de falsificación reiterada.

Volanta: Policiales

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos, bajo la dirección de Mariana Rivadeneira, continúa avanzando en la investigación sobre los certificados médicos falsos que fueron utilizados por varios agentes policiales de la provincia para justificar ausencias por enfermedad.

En esta ocasión, se presentó una acusación contra un hombre de 46 años, vinculado a un centro médico, a quien se le atribuye la presunta responsabilidad de falsificación en nueve casos por la elaboración de un documento privado. La auxiliar fiscal Brenda Deroy participó en la formulación de los cargos.

Según la hipótesis de la fiscalía, entre febrero de 2023 y enero de 2024, el acusado habría producido un total de nueve certificados médicos falsificados en su contenido y firma, utilizados por cuatro policías para justificar sus licencias por enfermedad ante la División del Servicio Médico Laboral de la Policía de Tucumán. Dichos documentos fueron revisados por la Dirección General de Fiscalización Sanitaria SIPROSA, que verificó que las firmas no coincidían con las de los médicos registrados en esa entidad.

Evidencias y medidas cautelares

Deroy detalló que, de los nueve certificados, siete llevaban la firma de un médico que se comprobó falleció durante la pandemia, mientras que los otros dos incluían el nombre de un cardiólogo que declaró haber perdido su sello hace más de una década y afirmó que ni la letra ni la firma en los documentos le pertenecían.

Además, la fiscal informó sobre un allanamiento realizado en la residencia del acusado, donde se hallaron aproximadamente 345 certificados médicos sellados y con membretes de diferentes centros médicos. “También se encontraron sellos aclaratorios”, agregó Deroy.

Por último, la investigadora solicitó que se dicten medidas de restricción de menor intensidad (reglas de conducta) por seis meses, con el objetivo de proteger el curso de la investigación. Sin objeciones por parte de la defensa, la jueza a cargo aceptó la solicitud del MPF.