Reserva La Angostura: la provincia podrá retomar el control de los terrenos vendidos

La Provincia de Tucumán está lista para recuperar las tierras de la Reserva Natural La Angostura, luego de que fracasara el intento de frenar el desalojo. El juez Mario Velázquez rechazó la solicitud de suspender la medida cautelar del 31 de enero, y ordenó al Ministerio Público Fiscal que inicie la audiencia de cargos contra los responsables del “Loteo Gaucho Castro”.

En octubre, funcionarios estatales descubrieron que personas desconocidas ocupaban ilegalmente la zona protegida. La Policía destruyó cercos instalados, y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, solicitó la suspensión de la venta de lotes y las construcciones.

En enero, Pedicone presentó una denuncia penal contra los involucrados en la venta ilegal de terrenos.

Ante esto, la Fiscalía solicitó la restitución de las tierras sin audiencia, y el juez Velázquez resolvió a favor de los acusadores, otorgando un plazo para el desalojo de los ocupantes. La resolución fue apelada, pero un tribunal desestimó la impugnación.

Rechazo a la impugnación

Alejandro Turbay, abogado defensor de las víctimas, solicitó una audiencia para revocar la resolución que ordenaba la restitución de las tierras. Argumentó que nuevas pruebas podrían suspender la medida, como testimonios y documentos sobre la posesión de las tierras.

Sin embargo, el fiscal Miguel Varela rechazó los argumentos, asegurando que los compradores no demostraron posesión legal. Los representantes de la Fiscalía de Estado también desestimaron la impugnación, argumentando que no había elementos nuevos.

En su fallo, Velázquez recordó que las tierras son bienes públicos, no pueden ser reclamadas como propiedad privada, y están protegidas por la ley al ser parte de una reserva natural. Además, ordenó que los oficiales de policía recibieran instrucciones claras sobre su conducta durante el proceso.

Finalmente, los compradores del “Loteo Gaucho Castro” deberán desocupar las parcelas adquiridas entre 2020 y 2024. En caso de no hacerlo, podrán ser desalojados por la fuerza con la autorización del Colegio de Jueces de Monteros.