Las pruebas periciales complican a los acusados por el ataque a un automóvil de lujo.

El incendio provocado de un automóvil de lujo en Yerba Buena ha conmocionado a la comunidad y revelado una serie de amenazas y actos violentos detrás del suceso. Los expertos han confirmado que el incendio, ocurrido el 25 de diciembre, fue intencional, y la investigación sigue su curso mientras la víctima busca protección legal ante los tribunales tucumanos.

La disputa que desembocó en el atentado comenzó el 1 de diciembre, cuando Julio Ale se vio involucrado en una riña durante una fiesta en Ohuanta, San Pablo, con un individuo apodado “El Pelao” y el funcionario judicial J.M.F.

Aunque no se formularon acusaciones formales, las hostilidades se extendieron en el tiempo. El 14 de diciembre, Ale sufrió un ataque en un boliche por parte de un grupo que incluía a los mismos involucrados en la primera pelea. A pesar de los golpes recibidos, decidió no presentar denuncia por temor a represalias.

El 25 de diciembre, mientras Ale pasaba el día en El Cadillal, un amigo lo contactó para informarle que su BMW 335i había sido incendiado frente a su casa, en la calle Perú al 1300. Horas más tarde, las cámaras de seguridad y los testimonios indicaron que una camioneta VW Amarok se detuvo en la esquina de Perú y Salta. Un hombre, identificado como el empleado judicial, bajó del vehículo con un bidón, roció el coche con un líquido inflamable y lo prendió fuego antes de huir del lugar.

Ale presentó la denuncia formal con el apoyo de los abogados Florencia Abdala y Camilo Atim. Los peritos de la Dirección General de Bomberos corroboraron que el incendio fue intencional, y precisaron que el fuego comenzó en la parte delantera del automóvil, entre el capó y el parabrisas. Tras este hallazgo, el fiscal Carlos Sale se declaró incompetente y derivó el caso al fiscal Gerardo Salas.

Ale, quien se dedica a la venta de productos alimenticios y actividades agrícolas, manifestó que ha recibido amenazas de muerte. “Me informaron que estas personas están dispuestas a dispararme”, aseguró en su denuncia. Sus abogados exigen medidas de protección, destacando que los atacantes son individuos peligrosos que actuaron sin contemplaciones.

Los antecedentes de los sospechosos refuerzan la gravedad del caso. “El Pelao” está vinculado a varios delitos, como robo, usurpación y amenazas, y tiene un pedido de captura pendiente. En cuanto al empleado judicial implicado, ya había sido sancionado y removido de su puesto debido a irregularidades con expedientes, aunque no se ha confirmado si la Corte Suprema ha tomado más medidas en su contra.

Este incidente pone de manifiesto una preocupante escalada de violencia que no solo destruye propiedades, sino que también pone en riesgo la vida de quienes se atreven a alzar la voz. El sistema de justicia tucumano enfrenta el desafío de esclarecer este acto criminal y proteger a la víctima en un entorno marcado por el miedo y la impunidad.