La Justicia detectó un operativo interno para ocultar pruebas en Sur Finanzas

La investigación federal que apunta a Sur Finanzas por presunto lavado de activos dio un giro determinante tras comprobarse la existencia de un esquema interno organizado destinado a eliminar pruebas y ocultar documentación sensible. Según consta en el expediente que tramita en Lomas de Zamora, la empresa habría activado un protocolo interno para borrar registros digitales, retirar dinero en efectivo y desactivar sistemas en los días previos y posteriores a los allanamientos judiciales.

La causa está en manos del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, y pone bajo la lupa a la cúpula de la financiera encabezada por Ariel Vallejo, un empresario con vínculos en el ámbito del fútbol.

Órdenes, chats y una cadena de mando definida

Los investigadores reconstruyeron la maniobra a partir de mensajes internos que revelan una estructura jerárquica con roles asignados. En la madrugada del 1 de diciembre de 2025, se impartieron instrucciones precisas para recaudar efectivo, borrar las cámaras de seguridad y apartar al personal técnico clave. También se detectó el formateo masivo de computadoras, la desconexión de programas contables y la eliminación de registros fílmicos, acciones ejecutadas por empleados identificados por la Justicia como piezas centrales del encubrimiento.

Para los fiscales, estas comunicaciones confirman que no se trató de hechos aislados, sino de un plan coordinado para obstaculizar la investigación judicial.

La operatoria se extendió durante varios días e incluyó el ocultamiento de cuadernos con anotaciones contables paralelas, el retiro de CPUs y teléfonos celulares y tareas logísticas para limpiar oficinas y desidentificar vehículos. El punto de quiebre llegó el 11 de diciembre, cuando un llamado anónimo alertó sobre una “mudanza” hacia un galpón en Turdera, donde la Policía Federal halló documentación, servidores, cajeros automáticos y cajas fuertes. En ese lugar fue detenida la tesorera Micaela Sánchez, hoy procesada con arresto domiciliario junto a dos choferes, acusados de encubrimiento agravado.

La causa continúa con el análisis de decenas de celulares secuestrados y una investigación más amplia sobre movimientos millonarios sin justificar, préstamos simulados y el uso de monotributistas sin capacidad económica real.