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La Ruta del Dinero K
El fiscal solicita que Lázaro Báez cumpla su condena en prisión
La medida, que se adopta tras el fallo de la Corte Suprema, también alcanza a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.
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Tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó su condena, el fiscal Abel Córdoba dictaminó este martes que Lázaro Báez debe volver a prisión para cumplir su pena en la causa conocida como la "Ruta del Dinero K".
La medida también alcanza a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador de Báez, respectivamente. Todos ellos ya habían estado detenidos con anterioridad, y ahora el juez Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), deberá decidir cómo se computarán las penas. Fue el mismo magistrado que llevó adelante el juicio oral.
“Habiendo quedado firme la condena dictada contra Lázaro Antonio Báez; Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, culminado el trámite del cómputo practicado en relación a los nombrados, solicito se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, sostiene el dictamen fiscal.
En el mismo documento, Córdoba consideró que Martín Báez, hijo de Lázaro y también condenado en la causa, no debe regresar a prisión, ya que se le concedió la excarcelación y actualmente se encuentra en libertad condicional.
La semana pasada, Báez fue condenado por el delito de lavado de activos agravado por un monto de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
Tras la decisión de la Corte, el Tribunal Oral Federal 4 también ordenó la detención de Fabián Rossi, Julio Mendoza, Juan Alberto De Rasis, César Fernández, Carlos Molinari y Eduardo Castro, todos ellos condenados en el mismo expediente.
Hasta el momento, no se había definido si Báez debía volver a prisión. Su defensa había solicitado que continúe bajo arresto domiciliario, argumentando que ya había pasado nueve años detenido.
La causa comenzó en 2013 luego de un informe televisivo emitido por el programa Periodismo para Todos (PPT), conducido por Jorge Lanata, en el que se denunciaba que Lázaro Báez, empresario cercano a Néstor Kirchner y proveedor de obra pública en Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares mediante maniobras financieras con destino a cuentas en Suiza.
El informe incluyó declaraciones en cámara oculta de Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
Tres años más tarde, la causa tomó impulso nuevamente tras la difusión de un video grabado en la financiera SGI, en el que se veía al hijo de Báez contando grandes sumas de dinero.
En abril de 2016, el juez Sebastián Casanello ordenó la detención de Lázaro Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín, ante el riesgo de fuga. En ese mismo contexto fue arrestado también Jorge Chueco, quien había intentado huir hacia Paraguay.
La instrucción judicial concluyó que existió una organización criminal que, entre diciembre de 2010 y abril de 2013, realizó maniobras de lavado de dinero a través de Austral Construcciones, la empresa de Báez, y la financiera SGI, mediante un esquema que operó tanto en el país como en el exterior, logrando expatriar y reintroducir fondos ilícitos por un total de 54.872.866,69 dólares.
