Bajan la portabilidad de armas a partir de los 18 años

El cambio está incluido en la sección de Legislación y Avisos Oficiales del Poder Ejecutivo, bajo el decreto 1081/2024. Según la justificación del Poder Ejecutivo, esta modificación se hace “para armonizar la legislación vigente, reconociendo la capacidad de los ciudadanos para ser legítimos usuarios de armas a partir de los DIECIOCHO (18) años”.

El boletín, emitido este martes, lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El artículo 1° establece que “se sustituye el inciso 1) del artículo 55 de la Reglamentación de la Ley N° 20.429 y sus modificaciones, aprobada por el Decreto Nº 395 del 20 de febrero de 1975 y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera: Ser mayor de DIECIOCHO (18) años”. Este artículo también detalla los requisitos necesarios para portar un arma, como la ausencia de “anomalías psíquicas o físicas que incapaciten al solicitante”, la acreditación de los datos personales bajo control policial y la “ausencia de antecedentes policiales o penales”.

La iniciativa de modificar la ley comenzó a gestarse en mayo pasado, cuando el Gobierno comunicó su intención de presentar un proyecto de ley ante el Congreso para simplificar los trámites para obtener permisos de portación de armas, con el objetivo de regularizar la tenencia de armas de fuego. En ese mismo contexto, se mencionó que también se simplificarían los procedimientos, permitiendo a los ciudadanos declarar o solicitar la destrucción de armas de forma anónima.

El objetivo principal del proyecto era realizar modificaciones para “fomentar y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”, lo que implicaba crear procesos administrativos más ágiles y simples. El Ministerio de Seguridad justificó la necesidad de actualizar el sistema de trámites con el fin de “tener un registro de armas transparente, completo y con procesos modernos”, dado que se estima que existen más de 800,000 armas de fuego de tenencia irregular en el país.

A pesar de esto, las autoridades subrayaron la importancia de este cambio como parte de su estrategia para “combatir de manera decidida a los delincuentes que, con armas ilegales, ponen en peligro la vida de todos los argentinos”, permitiendo así que los ciudadanos puedan poseer armas de fuego de manera legal en sus hogares.

Siguiendo esta línea, la propuesta también incluía una extensión del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años. Esta medida permitiría a los ciudadanos entregar sus armas de forma anónima para su destrucción, sin riesgo de enfrentarse a consecuencias legales por haberlas poseído sin las autorizaciones correspondientes. La novedad de este programa es que también propone crear un mecanismo para que cualquier persona pueda regularizar armas no declaradas ante el Estado y conservarlas como “legítimo usuario”.

Este programa había estado activo hasta finales de 2023, y su reactivación busca continuar con las acciones para prevenir la violencia y reducir la circulación de armas en la sociedad.