Auditarán más de un millón de pensiones por invalidez debido a irregularidades

El gobierno nacional llevará a cabo una exhaustiva auditoría sobre más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral, como resultado de una reciente investigación que reveló que el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos. Esta medida será ejecutada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en colaboración con el PAMI, y consistirá en una serie de entrevistas presenciales a los beneficiarios en todo el país, con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios establecidos. Aquellas prestaciones que no cumplan con las condiciones serán dadas de baja.

La decisión de realizar esta auditoría surge a raíz de un informe realizado en diciembre de 2024, que detectó que una gran parte de los beneficiarios no presentaba las condiciones médicas que alegaban. Como resultado, se suspendieron 212 pensiones que estaban siendo cobradas por personas privadas de libertad y 150 pensiones correspondientes a fallecidos.

Esta auditoría forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para reforzar los controles sobre las prestaciones sociales, especialmente en lo que respecta a la invalidez laboral. En este marco, se publicó en el Boletín Oficial la actualización de los requisitos para determinar la invalidez laboral, que entró en vigor el jueves pasado.

El gobierno argumentó que la nueva normativa fue diseñada con la colaboración de expertos en medicina legal-laboral y otros campos, con el objetivo de garantizar una evaluación más precisa del daño y las condiciones de salud de los solicitantes de pensiones no contributivas. En el baremo se presentan diferentes apartados que permiten evaluar "cualitativamente" el grado de deterioro psicofísico de los solicitantes, clasificando las afecciones según su impacto en la capacidad laboral y la validez del beneficio.

Fases del proceso de auditoría

La auditoría se llevará a cabo en varias etapas. En la primera fase, se realizará un análisis detallado de la situación de cada beneficiario, con evaluaciones presenciales a cargo de los médicos del PAMI. Estos profesionales llevarán a cabo entrevistas y chequeos en distintas localidades del país para determinar la situación médica de cada beneficiario.
A continuación, se procesará toda la información recopilada para determinar si los beneficiarios cumplen con los requisitos necesarios para mantener el beneficio. Finalmente, la ANDIS y el PAMI emitirán un dictamen que determinará si la pensión debe ser suspendida o si, por el contrario, se mantendrá.

Controversias relacionadas con las pensiones

En diciembre, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que aproximadamente 1.800 beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC IL) en la provincia de Chaco, quienes estaban inscritos de manera irregular o no cumplían con los requisitos, perderían el beneficio. Según declaró Manuel Adorni, vocero de la entidad, "siete de cada diez pensiones por invalidez estaban mal otorgadas, no cumplían los requisitos o eran fraudulentas".

Durante los operativos realizados en distintas localidades de Chaco, como Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas, General San Martín, Presidente de la Plaza y Castelli, se citó a 2.689 beneficiarios, de los cuales 2.344 (un 87,17%) asistieron a la convocatoria. De este grupo, solo 365 (13,58%) cumplieron con los requisitos para continuar recibiendo la pensión. Por lo tanto, 1.796 (66,79%) beneficiarios perderán el beneficio debido a que no cumplían con los requisitos establecidos, y 183 casos (un 6,81%) aún están siendo evaluados por los médicos.

Esta auditoría no es la primera realizada en este sentido. En julio, la Agencia había descubierto una "actividad fraudulenta a gran escala" en relación con pensiones otorgadas en administraciones anteriores, lo que resultó en el desvío de fondos por un monto estimado en 3.400 millones de dólares.