Un juez frenó el decreto del Gobierno que suspendía el financiamiento universitario

La Justicia volvió a marcarle la cancha al Gobierno. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, resolvió suspender el decreto que había paralizado la ley de financiamiento universitario, una decisión que impacta de lleno en el funcionamiento de las universidades públicas y reabre un conflicto político e institucional que parecía encaminado a escalar.

De esta manera, la Justicia ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la actualización de las partidas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles previstas en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (ley 27.795), al considerar que el Decreto 759/2025, que suspendió su ejecución, presenta , en principio, rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Esta resolución se dio en el marco de una acción de amparo colectivo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades contra el Estado Nacional, en la que se cuestionó la validez constitucional del decreto presidencial que condicionó la aplicación de la ley pese a la insistencia legislativa de ambas cámaras del Congreso.

El magistrado recordó que para admitir un amparo se exige la configuración de circunstancias excepcionales, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta y por la demostración de un daño concreto y grave que sólo pueda ser reparado a través de una vía urgente. En ese marco, señaló que la medida solicitada debía analizarse con especial rigor, al tratarse de una tutela anticipada.

En conclusión, el fallo destacó que la cautelar requerida tenía carácter innovativo, ya que la parte actora solicitó “la orden de cumplimiento inmediato” de disposiciones de la ley 27.795 vinculadas a la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles. Según el juez, este tipo de medidas “constituye una decisión excepcional porque altera el estado de hecho y de derecho existente al tiempo de su dictado y configura -en consecuencia- un anticipo de jurisdicción favorable respecto de un fallo final”.