Reforma laboral: los puntos más importantes que rechaza la CGT

Mientras el proyecto se prepara para volver al Congreso, los sindicatos cuestionan artículos que afectan la actividad gremial y las provincias advierten por el impacto fiscal y productivo.

Volanta: Polémica

La reforma laboral está próxima a retomar su tratamiento parlamentario en un clima de fuerte tensión política y social. La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a manifestar su rechazo a varios artículos del proyecto impulsado por el Gobierno, especialmente aquellos que, según sostienen, limitan la actividad sindical y el derecho a la protesta. Desde la central obrera advirtieron que, si no hay modificaciones, podrían avanzar con un paro nacional.

En paralelo, los gobernadores siguen con atención el debate y reclaman un enfoque equilibrado. Si bien muchos coinciden en la necesidad de modernizar el mercado laboral y fomentar el empleo formal, alertan que algunos cambios podrían perjudicar tanto a trabajadores como a empleadores, además de generar un fuerte impacto fiscal en las provincias. Mandatarios como Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y referentes de Catamarca y San Juan pidieron revisar el proyecto sin apuros.

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A la discusión laboral se suma la preocupación tributaria. El proyecto incluye modificaciones en el impuesto a las Ganancias, con rebajas para empresas y exenciones para alquileres destinados a vivienda. Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal anual sería del 0,22% del PBI, lo que equivale a $1,9 billones, de los cuales más de $1,12 billones recaerían sobre provincias y CABA, profundizando las tensiones con los gobernadores.

Puntos que rechaza la CGT

Clasificación de actividades como servicios esenciales (75% de cobertura obligatoria) y de importancia trascendental (50%), lo que reduce el impacto de huelgas y medidas de fuerza.
Exigencia de autorización previa para convocar asambleas y congresos sindicales, sin pago de salarios durante ese tiempo.
Retención de cuotas sindicales por parte del empleador y obligación de contar con la conformidad expresa del trabajador para su asignación.
Eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Exclusión del aguinaldo y las vacaciones en el cálculo de indemnizaciones.
Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplazaría aportes a la seguridad social por esquemas de inversión privada.