Proponen un protocolo de acción para comunas rurales ante usurpaciones

Esta mañana se reunió la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Honorable Legislatura de Tucumán, presidida por el legislador José Orellana, con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Rolando Alfaro, Raúl Moreno y Manuel Courel. Durante el encuentro se emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone la creación de un protocolo de actuación para las comunas rurales de Tucumán frente a casos de usurpación de terrenos fiscales y áreas protegidas. La iniciativa tiene por objetivo brindar una respuesta rápida, efectiva y coordinada ante estas situaciones, y se aplicará a todas las comunas rurales de la provincia.

Al respecto, el legislador Orellana expresó: “El proyecto tiene como finalidad establecer un protocolo, es decir, un procedimiento formal de actuación para que los delegados comunales puedan intervenir con claridad ante casos de usurpación. El gobierno provincial ha mostrado un fuerte interés en este tema, y son justamente los comisionados comunales quienes mejor conocen el territorio y pueden actuar en conjunto con jueces de paz y otras autoridades. La comisión ha acompañado este dictamen de manera transversal, con el respaldo tanto de legisladores oficialistas como de la oposición”.

El proyecto establece los principios de legalidad, eficiencia, celeridad, coordinación interinstitucional y respeto a los derechos humanos como ejes rectores del protocolo. Define como usurpación toda ocupación de terrenos fiscales o áreas protegidas sin autorización competente, ya sea por medios violentos, engañosos o mediante ocupación pacífica prolongada.

Entre las medidas previstas, se contempla que los comisionados comunales deberán recepcionar denuncias formales, verificar la naturaleza fiscal o ambiental del terreno y notificar de inmediato al Ministerio del Interior, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y a las fuerzas de seguridad. En caso de que la ocupación involucre áreas protegidas, se deberá coordinar también con organismos como el Ente Tucumán Turismo o la Subsecretaría de Medio Ambiente.

El protocolo incluye además un plan de capacitación para comisionados comunales sobre identificación, documentación, gestión de conflictos y coordinación con autoridades judiciales y de seguridad. La provincia deberá garantizar los recursos necesarios para su implementación.