El Gobierno ajustará la Ley de Turismo y eliminará programas sociales

El Ejecutivo avanza con un decreto para modificar la Ley Nacional de Turismo (25.997) y eliminar programas sociales, obras públicas y capacitaciones que dependen de la Subsecretaría de Turismo, bajo la órbita de Daniel Scioli. Según se pudo saber, la medida se implementará a través de un decreto simple.

Entre los cambios, la Casa Rosada reformará la norma que obliga a la Secretaría de Turismo a elaborar un Plan de Turismo Social y garantizar servicios accesibles para sectores vulnerables mediante la operación de unidades turísticas estatales.

Actualmente, la Secretaría de Turismo maneja un presupuesto de $65.909 millones, de los cuales $7.475 millones se destinan al Plan Federal de Turismo Social. Tiene a su cargo los complejos turísticos de Chapadmalal (Buenos Aires) y Embalse (Córdoba), utilizados por estudiantes, familias y eventos.

El programa comprende gastos anuales por personal contratado ($1896 millones), personal permanente ($1672 millones), oficinas y muebles ($126 millones), energía eléctrica, gas, telefonía, agua y cloacas ($378 millones), vigilancia ($43 millones) y otros servicios ($253 millones).

Los programas sociales de Turismo incluyen pensiones completas (desayuno, almuerzo y cena, sin bebidas) y simple (solo alojamiento). Cuenta además con hoteles de categoría A, que contemplan un baño compartido entre dos habitaciones, y B, que tienen baños compartidos.

Mientras que la estructura de Embalse abarca siete hoteles y 50 casas con capacidad para 3000 plazas, la unidad de Chapadmalal cuenta con nueve hoteles y edificios complementarios para la administración, servicio médico, servicios generales y pabellones para el personal.

El Gobierno eliminará además el plan de inversión de obras para fines turísticos y transferirá el rol de fomento y de investigación a las provincias. “La idea es que las jurisdicciones fomenten sus propio turismo. No tiene porqué hacerlo el Gobierno”, expresan en Nación.

Se trata de los artículos 7 y 8 de la Ley de Turismo, que dispone que el área debe “disponer la realización de emprendimientos de interés turístico, prestando apoyo económico para la ejecución de obras de carácter público, equipamiento e infraestructura turística”.

El Ejecutivo planea disolver el Observatorio de Turismo Social, que fue impulsado en el marco de la creación del Plan Nacional de Fortalecimiento del Turismo Social a través de la resolución 642/2021. Derogarán también las facultades de Turismo para instalar oficinas en el exterior. “Eso lo tiene que hacer Cancillería”, agregan.

La Casa Rosada recortará también las capacitaciones para privados que promueven las dependencias de Turismo. “El Estado no tiene porqué abarcar ese tipo de actividades. El decreto va a eliminar funciones que no deberían hacerse desde la gestión pública”, manifiestan en Balcarce 50.

Se trata del campus virtual que ofrece 50 propuestas de formación para las “competencias profesionales y laborales vinculadas al Turismo, en formato de cursos autogestionados y cápsulas de aprendizaje, gratuitas y con certificado de aprobación”.

Otro de los cambios que prepara el oficialismo es la derogación del diseño y de la concesión de créditos de Turismo. Abarca los artículos 8, 33 y 35 de la ley, que fija que la subsecretaría debe “gestionar y conceder créditos para la construcción, ampliación o refacción de infraestructura turística”.