Jaldo denunció a la influencer Valentina Olguín por fraude fiscal
Valentina Olguín, enfrenta una denuncia del gobernador por usar su CUIT y otros números fiscales de otros gobernadores para realizar compras ilegales desde EE. UU.

- Volanta: Investigación judicial
La influencer y cantante santiagueña Valentina Olguín está siendo investigada por la Justicia Federal de Tucumán tras ser acusada de utilizar los CUIT de gobernadores provinciales para importar ropa desde el sitio estadounidense Revolve sin pagar impuestos.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue quien descubrió el fraude después de recibir notificaciones de compras en su nombre que él no había realizado. Según la denuncia de Jaldo, Olguín usó su número fiscal junto con los de Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis) para hacer compras ilegales, evadiendo el control aduanero.
La investigación comenzó en noviembre de 2024, cuando Jaldo denunció el hecho a la fiscalía federal, aportando pruebas que confirmaron que la influencer usaba los CUIT de los mandatarios para realizar importaciones. Aunque la joven nunca usó las tarjetas de crédito de los gobernadores, las compras fueron enviadas a domicilios en Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero.
El modus operandi de la influencer
Según la investigación judicial, Olguín comenzó a importar ropa con su propio CUIT en 2022, y luego amplió su negocio utilizando los datos fiscales de otros, incluyendo a los gobernadores mencionados. El fiscal Agustín Chit indicó que, tras un allanamiento en su departamento en Núñez, se secuestraron dispositivos electrónicos y prendas de vestir que sirven como pruebas del delito.
Durante su declaración, Olguín explicó que recurrió a estos métodos después de agotar su propio cupo de importación y utilizó la información de los gobernadores, creyendo que sus compras no serían detectadas por la Aduana.
Próximos pasos en la causa
La joven fue citada a declarar en el Juzgado Federal de Tucumán, donde enfrenta cargos por evasión fiscal y uso indebido de datos personales. Si bien su defensa sostiene que fue un error, la investigación sigue en curso, y podría ampliarse a otros mandatarios provinciales afectados.