Expusieron que un decreto discrimina a las personas con discapacidad
En el documento, publicado en el Boletín Oficial, se utilizan términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”. Además, establece evaluaciones médicas que representan un retroceso respecto a una ley de 1998.
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- Volanta: Gobierno nacional
A mediados de enero, la ANDis modificó los criterios para evaluar las pensiones, utilizando expresiones como “invalidez laboral”, “retardos mentales” y términos como “idiota” e “imbécil”. Eduardo Quiroga, abogado de ACIJ, destacó que el uso de estos términos no solo es discriminatorio, sino que también viola la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El abogado también resaltó que, además de la terminología inapropiada, las pensiones son insuficientes para quienes necesitan trabajar para mejorar su calidad de vida. La pensión solo cubre el 70% de un salario mínimo, lo que limita el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad.
Respuesta de la ANDis
El 16 de enero, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187/2025, que incluyó un anexo con términos que históricamente se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir déficits intelectuales profundos, pero que hoy han quedado obsoletos. A través de un comunicado en X, la ANDis aclaró que la publicación de dichos términos no fue intencionalmente discriminatoria, sino el resultado de un error derivado del uso de una terminología desactualizada.
La agencia destacó que la Resolución 187/2025 y su anexo serán modificados para alinearse con los estándares médicos y normativos actuales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Aclararon, además, que esta corrección no modificará los criterios de evaluación ni el baremo.
Concluyeron reafirmando su compromiso con un sistema de evaluación justo y transparente, basado en criterios médicos y un análisis integral de la situación socioeconómica, para asegurar que las pensiones no contributivas por invalidez laboral lleguen a quienes realmente las necesitan.