El Gobierno reactivará el traspaso de rutas a privados

En medio de una crisis vial sin precedentes, agravada por el tráfico de las vacaciones, el gobierno de Javier Milei se prepara para firmar un decreto que dará inicio a la privatización de rutas. La medida comenzará con el corredor vial 18, actualmente operado por Caminos del Río Uruguay (Crusa), que abarca las rutas 12 y 14, así como el puente Rosario - Victoria. Este corredor será readjudicado a una nueva concesionaria.

“Vamos a empezar con el corredor vial 18. Lo vamos a dividir en dos tramos. Por un lado, el oriental, que serían las rutas nacionales 12 y 14, y el que hoy le dicen conexión, que es el puente Rosario - Victoria. El decreto está redactado y espera la firma”, comentó una fuente de Vialidad Nacional.

Esta nueva privatización se presenta como otro intento por resolver uno de los problemas más graves de la infraestructura del país, un proceso que comenzó en 1990 cuando las rutas pasaron a manos privadas a cambio del cobro de peajes. Sin embargo, los incumplimientos y las pocas obras realizadas durante años desencadenaron una serie de problemas viales que culminaron en la creación de sistemas de gerenciamiento bajo la presidencia de Néstor Kirchner.

A pesar de que el sistema de concesiones siguió siendo imperfecto, con tarifas relegadas y pocas mejoras, durante la gestión de Mauricio Macri se introdujo un esquema de Participación Público Privada (PPP), aunque los resultados fueron decepcionantes. Con el regreso del kirchnerismo al poder, se estatizaron las PPP y las rutas pasaron a ser administradas por Corredores Viales, una empresa pública.

Ahora, con el proceso de privatización de nuevo sobre la mesa, Vialidad Nacional se encargará de licitar el corredor 18. Este corredor, vital para el tránsito en el Mercosur, es el único que aún se encuentra en manos privadas, con la concesión venciendo en abril próximo.

Sin embargo, para que las privatizaciones puedan avanzar de forma efectiva, será necesario que el decreto también contemple la liquidación de la empresa estatal Corredores Viales. La apuesta es crear un sistema similar al de los años 90, con un esquema autosustentable de concesión por tramos. Esto implica el cobro de peajes y la ejecución de obras por parte de las empresas encargadas.

Aunque las nuevas cláusulas que se están preparando no difieren demasiado de las de 1990, la situación sigue siendo crítica. Según un informe del Ministerio de Obras Públicas, el 40,7% de la red vial nacional está en mal estado, lo que refleja el fracaso de décadas de políticas viales fallidas. Mientras tanto, los argentinos continúan pagando peajes y enfrentando una red vial deteriorada.