El Gobierno obligará a las prepagas a abandonar la triangulación de fondos con las obras sociales

El ministro de Salud, Mario Lugones, se reunió esta tarde con los jugadores de las empresas de medicina prepaga más importantes del país. Según se pudo saber, lo hizo de forma individual y con el objetivo de que a partir del 1 de diciembre de 2024 todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos provenientes de la seguridad social, deberán inscribirse en el Registro de Agentes del Seguro de Salud con encuadre en el inciso I del artículo 1 de la Ley N 23.660.

La medida del Gobierno significa el abandono de la triangulación de fondos de las empresas de medicina prepaga hacia las obras sociales. Además, la decisión del ministro Lugones se dio en el marco del anuncio de que la empresa Swiss Medical haya iniciado el proceso para que los aportes de sus afiliados no triangulen con obras sociales y vayan directo a la empresa de salud.

Según detallaron a este medio altas fuentes de la cartera sanitaria, el objetivo es ponerle fin a un sistema que lleva décadas en la Argentina que no se basa en la competencia y se desarrolla en base a fines poco claros con el Estado. La semana que viene saldrá una resolución.

Esta decisión, objetaron desde el ministerio, tiene como objetivo reordenar y transparentar el sistema. A partir del 1 de diciembre, los beneficiarios van a derivar de manera directa sus aportes, sin ningún intermediario, para así terminar, según vienen graficando, con las cajas negras.

La idea es que a partir del 1 de diciembre se termine la intermediación, ya que, según detallaron, todos van a poder derivar sus aportes de manera directa.

Estas reuniones con las principales empresas de medicina prepaga se da en la misma semana en la que Lugones juró como ministro de Salud. El pasado martes 1 de octubre, el presidente, Javier Milei, le tomó juramento en una ceremonia breve en Casa Rosada.

Mientras tanto, el Gobierno viene avanzando en la implementación del DNU 70/2023 introduciendo cambios en la regulación de las obras sociales con el fin de fomentar la competencia en el sistema de salud.

La normativa propuesta establece un aporte uniforme del 15% al Fondo Solidario de Redistribución para todos los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, buscando otorgar mayor equidad y eficiencia.

Esta medida, destacada en el decreto 600/2024 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), forma parte de una serie de reformas del Ministerio de Salud de la Nación, orientadas a reordenar el sistema.

La Superintendencia de Servicios de Salud se encarga de garantizar la libre competencia y asegurar que los beneficiarios puedan elegir entre diferentes opciones, promoviendo una mayor transparencia y un mercado más equitativo. Las reformas también tienen como objetivo erradicar los “sellos de goma” y otros intermediarios que no aportan servicios de calidad.

Se espera que estas reformas promuevan la inscripción de empresas de medicina prepaga en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), permitiéndoles acceso directo a los fondos y mayor transparencia sobre el manejo de sus recursos.

Como viene informando este medio, la búsqueda de competitividad se apoya en el contexto de una inflación más baja, lo cual brindará mayor estabilidad en los planos de salud. El FSR, gestionado por la SSS y AFIP, tiene el objetivo de asegurar la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO) y cubrir costos extraordinarios mediante el Sistema Único de Reembolsos (SUR).

El rediseño busca eliminar intermediarios en la recepción de aportes, mejorando la rapidez en la inscripción al RNAS y permitiendo una mejor distribución de recursos. Esto se traduce en la eliminación de prácticas como las triangulaciones y “cajas negras”, potenciando la competencia con nuevas ofertas de aviones más económicos.

Dentro de este marco, se aleja a los beneficiarios a ejercer su libre elección entre obras sociales y prepagas, incrementando así la competencia y el volumen del FSR. Este cambio normativo, afectará a más de 14 millones de trabajadores en Argentina, incluidos empleados públicos y privados, sindicalizados y autónomos, mejorando la gestión de aportes hacia las entidades de salud.

Según las nuevas normativas, detalladas en otra nota de Infobae, los copagos, que se aplican en las empresas de medicina prepaga, y los coseguros, relacionados históricamente con las obras sociales, tendrán ahora regulaciones que favorecerán la competencia al no fijar un valor máximo ni mínimo. Esta flexibilidad permite que las obras sociales definan sus tarifas calculadas en proyecciones económicas internas, adaptadas a su capacidad y servicios, asegurando así que los valores sean acordes a la realidad económica de cada organización.

Estas reformas están diseñadas para democratizar el acceso a servicios de salud en Argentina, mejorando la calidad de las prestaciones y asegurando que el dinero aportado por los afiliados sea dirigido exclusivamente a la cobertura sanitaria, dejando de lado gastos innecesarios y prácticas ineficientes.