El Gobierno declaró sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas

Mientras el Congreso avanza con la conformación de la comisión bicameral de seguimiento de privatizaciones, el Gobierno declaró a Aerolíneas Argentinas, como una empresa del Estado sujeta a privatización. Se hizo oficial mediante la publicación del decreto 873/2024 en el Boletín Oficial. Esta decisión se da en medio del fuerte conflicto que mantiene el Gobierno nacional con los representantes sindicales de Aerolíneas Argentinas por los importantes beneficios que mantienen sus empleados y que contribuyen a que la empresa de bandera sufra pérdidas considerables en materia económica. La tensión escaló luego de los salvajes paros llevados a cabo por algunos dirigentes del sector aerocomercial.

De hecho, en el considerando de la norma, el Ejecutivo menciona algunos de esos beneficios. “Los pasajes gratis en clase ejecutiva que reciben los pilotos y su grupo familiar, la disponibilidad de pasajes sin costo a favor de 2 familiares o de 1 acompañante para los días festivos en los que deban trabajar, el pago de suplementos en dólares estadounidenses a los pilotos y grandes descuentos para el personal jubilado, entre otros”, dice la normativa.

Desde el Gobierno consideran que “la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente”.

“El Tesoro nacional no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la República Argentina”, agrega la normativa luego de mencionar que la pobreza en Argentina alcanza al 52% de la población.

El decreto se ampara en la Ley de Reforma del Estado de 1989 (N° 23.696) y sus modificatorias que establecen que el Poder Ejecutivo Nacional podrá optar por materializar la privatización por medio de: “la venta de los activos de la empresa, como unidad o en forma separada; la venta o colocación de acciones, cuota partes del capital social o de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento; la locación con o sin opción de compra; la administración con o sin opción de compra; la concesión, licencia o permiso; o por la combinación de las modalidades mencionadas, entre otras”.

Bajo estas modalidades, la legislación contempla que la transferencia sea a una o varias personas humanas, personas jurídicas privadas, municipios, provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o cualquier otra persona pública.

Las intenciones del Gobierno nacional de privatizar Aerolíneas no son algo nuevo. La empresa formaba parte de la lista de sociedades anónimas del Estado a privatizar, incluida en el borrador de la Ley Bases. Sin embargo, tras varias negociaciones, el oficialismo decidió quitarla del listado.

En el marco de los reiterados conflictos sindicales, la gestión de Javier Milei decidió retomar la iniciativa para acelerar su privatización, proceso que está enmarcado en un plan mucho más amplio de reducción del gasto público. En ese sentido, en el considerando del decreto, el Gobierno recuerda que tiene como “objetivo primordial la emisión monetaria cero a los efectos de eliminar de raíz la crisis inflacionaria que socava el poder adquisitivo de los argentinos”.

Desde el oficialismo, argumentan que no existen “aerolíneas de bandera serias” gestionadas completamente por el Estado y ponen como ejemplo a otras aerolíneas del mundo como Air Canada o Lufthansa, donde la participación estatal es mínima o nula.

En simultáneo, avanzan en el Congreso algunos proyectos de ley sobre la privatización de Aerolíneas. Uno de ellos fue presentado por el diputado del PRO Hernán Lombadi y el segundo fue propuesto por la Coalición Cívica. De igual forma, la dirección es la misma: privatizar la empresa.

Mientras tanto, ambas cámaras trabajan en la conformación de la Comisión Especial Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, en donde se debatirán la venta o concesión de las empresas contempladas dentro de la Ley Bases.