El Gobierno de Javier Milei solicitó a la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro y otros cabecillas de la dictadura

El gobierno de Javier Milei redobló la ofensiva sobre la dictadura que encabezan Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a un punto límite. La canciller Diana Mondino firmó hoy un solicitud a la Corte Penal Internacional para que se disponga el arresto de los cabecillas del régimen, debido a las violaciones a los derechos humanos que se registran en ese país, agravadas después de unas elecciones fraudulentas.

En términos diplomáticos, Mondino firmó una carta para exhortar al fiscal de la Corte Penal Internacional para que se emitan “órdenes de arresto contra autoridades venezolanas, incluyendo a Nicolás Maduro”. El pedido al fiscal jefe de la CPI está fundado en el artículo 58 del Estatuto de Roma que establece la normativa sobre las “órdenes de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares”.

“En cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del Fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentadas por el Fiscal, estuviere convencida de que: a) Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte; y b) La detención parece necesaria para: i) Asegurar que la persona comparezca en juicio; ii) Asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la Corte; o iii) En su caso, impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte y tenga su origen en las mismas circunstancias”, establece esa normativa.

Según consideran el gobierno argentino, la evidencia que tiene la causa es suficiente para pedir su detención. Ya la Justicia argentina, en abril pasado, reabrió una causa por la responsabilidad del gobierno de Maduro en crímenes contra la humanidad en virtud de lo que se denomina “principio de jurisdicción universal” y “de competencia extraterritorial.

La decisión se tomó después de una fuerte embestida de parte de la diplomacia argentina en los foros internacionales y a menos de un mes que la Casa Rosada dispusiera el regreso de la Argentina a la causa que impulsaron Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en 2018. Es que la gestión de Alberto Fernández se retiró de ese proceso en el 2021.

El 19 de julio pasado, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse al proceso y resaltó que se trató de una “decisión que es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023, frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”, anunció el ministerio Mondino.

Ahora, la Canciller dio otro paso. Se trata de un gesto que tensiona aún más el vínculo ya roto entre ambos países. De hecho, el régimen de Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos y Brasil tuvo asumir la representación de los intereses argentinos ante la dictadura chavista, igual que hace más de 40 años, con la guerra de Malvinas.

La carta con el pedido de arresto fue dirigida al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.

“El pedido de detención no sólo tiene que ver con las anteriores violaciones a los derechos humanos que ya están siendo investigadas, sino a los nuevos episodios gravísimos que ocurrieron después de las elecciones fraudulentas. Hubo graves episodios que deben ser investigados y sus responsables condenados”, explicó la misma fuente.

La demanda original había sido presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina –en ese entonces gobernada por Mauricio Macri– en 2018, para que se investigara al régimen de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Fue en ese entonces la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante ese tribunal, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

El expediente titulado Situation in the Bolivarian Republic of Venezuela involucra a Maduro, Cabello y un grupo amplio de líderes del régimen opresivo chavista. Entre los delitos que se investigan, además de supresión de garantías mínimas, está la tortura ejercida por líderes de la aparato represor del régimen.