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El gobierno anuló la jubilación y pensión de privilegio a Cristina Kirchner
Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien dijo que significa "un ahorro de 21 millones 827 mil pesos".
El gobierno nacional anunció hoy la suspensión de la jubilación de privilegio de la expresidenta Cristina Kirchner. “Esto permitirá a los argentinos ahorrar alrededor de 21.827.624 pesos”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa habitual. También informó que se eliminó la pensión del expresidente Néstor Kirchner.
“La Ley 24.018 establece que expresidentes y exvicepresidentes reciben una asignación no contributiva y de carácter excepcional, como reconocimiento al honor y mérito en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la señora Cristina Kirchner fue condenada en la Causa Vialidad por la Cámara de Casación Penal por el delito de administración fraudulenta, lo cual contradice esos valores”, explicó Adorni.
Añadió que, según él, “las jubilaciones especiales para exmandatarios son un privilegio que Argentina debería abandonar, sobre todo si quien la recibe tiene una condena por corrupción que perjudicó a millones de argentinos desde las máximas esferas del poder”.
“Es un acto de racionalidad en la gestión pública. Bajo el gobierno del presidente Milei, Argentina no destinará recursos a personas condenadas por corrupción que hayan traicionado la confianza y dignidad de los argentinos”, finalizó.
Desde el inicio de su mandato, el gobierno ha manifestado su rechazo a las jubilaciones de privilegio. De hecho, a fines de septiembre presentó en Diputados un proyecto para eliminarlas, con el objetivo de que los beneficios previsionales de ciertos funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos se equiparen a los del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, como el resto de los trabajadores.
La iniciativa especifica que “al dejar el cargo, el Presidente de la Nación recibirá una asignación mensual vitalicia equivalente al 80% del sueldo de un presidente en funciones”.
Esta medida, de aprobarse en el Congreso, aplicaría solo a los funcionarios en ejercicio, ya que el principio de irretroactividad impide que se retire el beneficio a quienes ya lo perciben, aunque uno de los artículos sugiere que el Poder Ejecutivo invite a estos beneficiarios a “renunciar a esos privilegios”.
