El Congreso inicia este lunes el periodo de sesiones extraordinarias

El oficialismo intensificó en los últimos días las negociaciones para reunir los apoyos necesarios y avanzar con su paquete legislativo, que incluye la Reforma Laboral, la ley de Régimen Penal Juvenil, modificaciones a la Ley de Glaciares y el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

La reforma laboral aparece como el eje central del temario. Aunque el proyecto ya cuenta con dictamen de comisión en el Senado, el oficialismo todavía no tiene garantizados los votos para aprobarlo sin cambios. Por ese motivo, el Gobierno y sus aliados trabajan contrarreloj para sumar adhesiones y evitar que el texto sufra modificaciones que compliquen su sanción. Desde el Ejecutivo defienden la iniciativa como una herramienta clave para fomentar el empleo registrado y reducir la judicialización de los conflictos laborales.

En ese contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, encabezaron reuniones con legisladores y gobernadores para acercar posiciones. En el tramo final de las negociaciones, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) mantuvieron un encuentro en la Casa de Salta y reclamaron una compensación por la pérdida de recursos coparticipables derivada de los cambios en el Impuesto a las Ganancias incluidos en el proyecto. Los mandatarios forman parte del grupo de gobernadores dialoguistas que resultaron claves para el oficialismo en votaciones anteriores.

Otro de los temas que genera tensión es el Régimen Penal Juvenil. Tras haber postergado el debate para priorizar la reforma laboral, el Gobierno decidió incluirlo en el temario de extraordinarias de febrero y redobló la presión política para avanzar con su aprobación. Sin embargo, persisten las dudas entre los bloques aliados. Mientras el PRO sostiene que la edad de imputabilidad debe fijarse en los 14 años, desde la UCR advierten que insistir en los 13 podría romper los consensos alcanzados previamente y reabrir una discusión que consideran saldada.

La agenda también contempla cambios en la Ley de Glaciares. La iniciativa del Ejecutivo redefine el concepto de ambiente periglacial y limita la protección a aquellos glaciares y áreas que cumplan una función hídrica comprobable. Además, transfiere a las provincias la facultad exclusiva de determinar esos espacios y prevé la creación de un registro nacional de glaciares para identificar las zonas alcanzadas por el régimen de protección.

Por último, el Congreso deberá abordar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 9 de enero. El tratado establece la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de las exportaciones entre ambos bloques, con plazos de transición de hasta 15 años para productos sensibles. Para el Mercosur, implica una ampliación de las cuotas de exportación agropecuaria, mientras que para la Unión Europea representa una mejora en el acceso al mercado sudamericano para productos industriales y alimentos elaborados.