Diputados: la oposición le exigió al Gobierno que derogue el decreto que limita el acceso a la información pública

En lo que implica un fuerte señalamiento institucional al Gobierno, los bloques opositores de la Cámara de Diputados, a instancias de la UCR, aprobaron por amplia mayoría una resolución en el que le exigen al Gobierno que derogue el decreto reglamentario 780/24 por el cual restringió los alcances de la ley de acceso a la información pública. La iniciativa no fue acompañada por el oficialismo, que quedó casi en soledad.

“Si queremos respetar la libertad de expresión y si queremos ser un país que respeta la libertad de pensamiento y la libertad de opinión por sobre todas las cosas tenemos que respetar este acuerdo y esta concertación que logró este Congreso a través de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública”, enfatizó la diputada radical Karina Banfi, autora de la iniciativa.

Más duros, desde el kirchnerismo la diputada Carolina Gaillard propuso que la Cámara de Diputados declare nulo dicho decreto. Empero, los bloques dialoguistas –Pro, la UCR- al igual que la Coalición Cívica entienden que esa vía –la nulidad de un decreto reglamentario- es una facultad que no le compete al Congreso y que, en todo caso, debe ser primero la Justicia la que defina si el Poder Ejecutivo se excedió o no en sus facultades reglamentarias.

“Si la Justicia, en virtud de los pedidos de amparo ya presentados, nos da la razón, vamos a proponer la derogación del decreto en el Congreso si el Gobierno no lo hace antes”, anticipó Banfi.

Por de pronto, los opositores dialoguistas le enviaron una señal de advertencia al Gobierno para disuadirlo a que dé marcha atrás con el polémico decreto. Advierten, junto a decenas de organizaciones de la sociedad civil, que la medida desnaturaliza la ley 27.275 de acceso a la información pública, pues impone excepciones restrictivas o discrecionales respecto de lo que se considera información pública o privada.

En efecto, el decreto establece que el Estado no está obligado a dar los datos que “por su propia naturaleza” hacen “al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”, una categoría no prevista en la norma que regula el proceso.

Desde el Pro, la diputada Silvana Giudici insistió en que la principal responsable de que el Poder Ejecutivo haya dictado este decreto es la presidenta de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Beatriz de Anchorena: sostuvo que la funcionaria no dio cumplimiento con su intervención legal para realizar las observaciones pertinentes previo al decreto, ni realizó, posteriormente, ninguna presentación o intervención en el marco de sus funciones.

Giudici anticipó que pedirá, también vía resolución de la Cámara, que el Poder Ejecutivo inicie el procedimiento para su remoción. Sin embargo, Unión por la Patria no acompañará su propuesta, por lo que no prosperará.