Cristina Kirchner denunciada por fraude por cobro indebido de zona austral

El Ministerio de Capital Humano, junto con ANSES, solicitó participar como querellante en el proceso, iniciando una denuncia penal por presunta “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” contra la exvicepresidenta. La acusación señala que Fernández de Kirchner había declarado un domicilio en la zona austral de manera presuntamente falsa, para obtener beneficios a los que no tenía derecho.

Los responsables de la denuncia, Ignacio Javier Uresandi y Maximiliano Raúl Rima, explicaron que la bonificación por zona austral solo puede ser recibida por personas que realmente residan en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones, en Buenos Aires. En este caso, aseguraron que la residencia de Fernández de Kirchner era públicamente conocida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período en el que recibió los beneficios, primero como senadora y luego como vicepresidenta.

En su denuncia, también se argumentó que el cobro de estos beneficios constituía una conducta penalmente reprochable, ya que representaba un perjuicio para ANSES y el erario público, cuyos montos debían ser investigados.

La exfuncionaria, que recibía tanto la pensión por viudez de su difunto esposo, Néstor Kirchner, como su propia asignación, sumaba un total bruto de $35.255.297,73, equivalente a casi 136 jubilaciones mínimas, aunque en mano recibía $21.827.624,65. A raíz de esta situación, el titular de ANSES, Mariano De Los Héroes, denunció que Cristina Kirchner presentó un certificado de domicilio en Río Gallegos para justificar la bonificación por zona austral, que le permitió percibir un suplemento de 6.354.523 pesos mientras residía en Buenos Aires.

Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Resolución 1092/2024, dejó en claro que las asignaciones son “jurídicamente incompatibles” para quienes hayan cometido algún delito durante el ejercicio de funciones públicas.

En cuanto a las falsas declaraciones, la denuncia menciona que Cristina Kirchner habría utilizado datos falsos para percibir los beneficios por zona austral en dos asignaciones específicas, una derivada de la pensión por viudez y otra por su rol de expresidenta. También se acusa de haber presentado estas declaraciones ante el Ministerio de Desarrollo Social.

El documento oficial señala que desde enero de 2016 hasta noviembre de 2011, se percibieron estas bonificaciones de manera mensual gracias a la presentación de declaraciones juradas con datos falsos, lo que podría configurar un delito de “falsedad ideológica”.

Desde ANSES, se consideró que las acciones de Fernández de Kirchner constituyen “actos de corrupción”, en concordancia con tratados internacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ante esta situación, se solicitaron varias medidas, entre ellas verificar la asistencia de la exvicepresidenta al Senado durante su mandato, obtener información sobre sus movimientos bancarios y las llamadas realizadas desde su teléfono, así como realizar pericias caligráficas y contables para corroborar los documentos presentados y determinar el daño económico a ANSES.