Cristina Fernández fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena a seis años de prisión para la ex presidenta Cristina Kirchner y le prohibió de por vida ejercer cargos públicos por el caso de administración fraudulenta relacionado con la obra pública otorgada a Lázaro Báez en Santa Cruz.

El fallo, que tiene más de 1600 páginas, también ratifica las penas de Báez (6 años de cárcel), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), y otros exfuncionarios como Nelson Periotti (6 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses), José Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses). Al mismo tiempo, Casación confirmó las absoluciones del ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.

La sentencia se dio a conocer en una audiencia pública en los tribunales de Comodoro Py, donde los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña votaron a favor de la condena de Cristina, mientras que el juez Gustavo Hornos incluso propuso sumarle el cargo de asociación ilícita.

De todas formas, esta condena no es definitiva ya que puede ser apelada ante la Corte Suprema, que tiene la última palabra. Las partes tienen 10 días hábiles para presentar la apelación, y será el máximo tribunal quien decida si mantiene la condena de Casación. Sin embargo, no hay un plazo para que la Corte emita su decisión.

Además, el fallo incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

El caso trata de las licitaciones de 51 obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Se comprobó que durante esos años, las obras se asignaron a empresas vinculadas a Báez, cuyo crecimiento económico se asoció directamente con estos contratos. La mayoría de las licitaciones fueron manejadas por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, bajo supervisión de la Dirección Nacional de Vialidad. Exfuncionarios como Periotti, Daruich, Collareda, Villafañe, Pavesi y Santibañez fueron encontrados responsables de permitir estas irregularidades.

También se señala la responsabilidad de José López, quien como Secretario de Obras Públicas facilitó esta maniobra, incluyendo la firma del Decreto PEN 54/09, que permitió a Vialidad Nacional, bajo la dirección de Periotti, financiar las obras adjudicadas a Báez de manera irregular.

El impacto económico de estas maniobras se estimó en alrededor de 84.000 millones de pesos para el Estado.