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Cisneros rechazó la decisión judicial de trasladar a Mendoza su amparo en defensa a los jubilados
El juez Díaz Martínez trasladó a Mendoza el amparo de Cisneros contra las restricciones del PAMI a medicamentos gratuitos, afectando a jubilados tucumanos.
El amparo interpuesto por el diputado Carlos Cisneros contra las restricciones impuestas por el PAMI sobre el acceso a medicamentos gratuitos fue remitido a Mendoza por el juez federal Guillermo Díaz Martínez, quien se encuentra a cargo del Juzgado Federal N°2 de Tucumán. Este movimiento judicial sorprendió a muchos, ya que la causa quedará ahora en manos del juez Pablo Quiroz del Juzgado Federal N°2 de Mendoza, debido a la existencia de un caso similar en esa jurisdicción.
Cisneros, al manifestar su desacuerdo con la resolución tomada el 3 de enero, expresó que "deja a miles de jubilados en una situación de vulnerabilidad extrema, al negarles una respuesta inmediata y concreta ante un tema que pone en riesgo su salud y su vida".
El legislador señaló que la decisión de trasladar la causa a Mendoza desatiende la problemática específica de los jubilados tucumanos, quienes desde diciembre se ven seriamente afectados por las restricciones para acceder a medicamentos esenciales. "Esta medida ignora que la causa mendocina está limitada exclusivamente a los jubilados de esa provincia, dejando sin protección cautelar a los jubilados tucumanos", remarcó Cisneros.
Cisneros presentó el amparo en su calidad de representante de la Asociación Bancaria y la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuario. En su declaración, manifestó: “Es inadmisible que mientras en Mendoza se reconoce el peligro en la demora y se otorgan medidas cautelares, en Tucumán se decida abandonar a nuestros jubilados al trasladar la causa. Este fallo genera una desigualdad que pone en peligro vidas”.
El diputado también presentó un recurso de revocatoria, advirtiendo las graves consecuencias que la decisión judicial podría generar. Las restricciones del PAMI, anunciadas en diciembre, exigen que los jubilados tengan ingresos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos o no posean más de un inmueble. Estas condiciones han generado una gran preocupación, ya que afectan directamente el acceso de los jubilados a medicamentos imprescindibles para su bienestar.
En su recurso, Cisneros subrayó que "el fallo de Díaz Martínez contradice el espíritu de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que exige celeridad en casos que afecten la salud y la vida de los adultos mayores". "Estamos hablando de derechos fundamentales, no de trámites burocráticos", agregó el legislador.
Finalmente, Cisneros hizo hincapié en el impacto humano de esta decisión: “El impacto no es solo jurídico, sino profundamente humano. Jubilados que dependen de sus medicamentos para condiciones como hipertensión, diabetes o enfermedades cardíacas se enfrentan ahora a la incertidumbre de no poder costear sus tratamientos".
