Causa Alberto Fernández: la Fiscalía suspendió la declaración de dos ex empleadas
Tras recibir un planteo de la querella de Fabiola Yañez, se ordenó la suspensión en la causa que investiga presuntos casos de violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.
- Volanta: Alberto Fernández
La investigación por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández ha dado un giro. La Fiscalía suspendió la declaración de dos testigos que trabajaban en la quinta de Olivos debido a una posible violación del deber de confidencialidad. Esto ocurrió después de que la querella de Fabiola Yañez, la ex primera dama, cuestionara la legalidad de las testimoniales de las empleadas actuales y ex empleadas de la residencia presidencial.
El fiscal federal Ramiro González decidió citar a declarar al escribano que firmó actas de cinco testigos de la defensa que hicieron exposiciones privadas. El escribano debe presentarse en la fiscalía ubicada en Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.
Además, se cuestiona si las testigos fueron relevadas de su deber de guardar confidencialidad por el ex presidente. Aunque dos testigos ya declararon que sí fueron relevadas, esto no consta en la causa. Por eso, González dispuso formar un legajo aparte para determinar los alcances de la confidencialidad y aclarar cómo se confeccionaron las actas.
Por otro lado, el teléfono celular de Yañez será peritado en España el próximo martes 8 de octubre. La Fiscalía General de Estado española notificó al fiscal González de la fecha de la diligencia. El trámite estará a cargo del Ministerio Público español y luego se remitirá la "copia forense" de los datos a la fiscalía de González para su análisis.
La defensa de Fernández se opuso a este trámite a distancia, argumentando que debía llevarse a cabo en territorio nacional para garantizar el derecho a defensa y el debido proceso. Sin embargo, la Cámara Federal porteña rechazó este recurso de queja. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron la realización de la medida en España y advirtieron que no hay un gravamen irreparable ni arbitrariedad.