El presidente vetará el proyecto de los gobernadores

 A pesar del respaldo casi unánime entre los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, el presidente Javier Milei ya dejó en claro que vetará cualquier iniciativa que no provenga de su núcleo libertario en la Casa Rosada. Entre las propuestas que enfrentan su rechazo se encuentran dos proyectos con fuerte consenso político: la modificación del régimen de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, pilares financieros clave para las provincias.

“El veto no está en duda. Javier Milei va a vetar las leyes que impulsan los gobernadores”, aseguró una fuente de máxima confianza. El mensaje llegó horas después de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sugiriera públicamente que vetar esas leyes podría ser un error político, dado que abrirían la puerta a reformar la Ley de Coparticipación Federal a través de una legislación simple del Congreso.

Las declaraciones de Sturzenegger generaron ruido en el oficialismo. Milei respondió en redes sociales compartiendo publicaciones que calificaban de “grave error” al impulso de esos proyectos desde la oposición. Esto reactivó especulaciones sobre si el Gobierno podría avanzar unilateralmente sobre el esquema de coparticipación.

Sin embargo, en el entorno presidencial buscan bajar el tono: “Es un tema complejo. Necesitamos una estrategia clara. Lo de Federico fue una chicana a los gobernadores, y está bien que lo haya hecho. Coincidimos en que ese régimen debe cambiar, pero no es para ahora”, señaló un alto estratega del Ejecutivo.

Los proyectos, que aún deben pasar por Diputados, ya enfrentan maniobras dilatorias por parte del oficialismo. Martín Menem, titular de la Cámara, recibió instrucciones directas de la Casa Rosada para demorar al máximo posible su tratamiento. Aunque las provincias podrían forzar el debate si logran reunir los votos necesarios para tratarlo sobre tablas.

Un informe técnico de las provincias estima que ambas medidas tendrían un costo fiscal del 0,11% del PBI. Incluso con ese gasto adicional, se cumpliría con la meta de superávit de 1,60% del PBI para 2025, superior al 1,30% pactado con el FMI.

Desde el Gobierno insisten: “El superávit fiscal no se toca”. El equilibrio de las cuentas públicas es el eje innegociable del programa económico que lidera el ministro Luis Caputo, y que el propio Milei defiende como vital para generar señales de confianza hacia los mercados en un contexto político y electoral tenso.

La semana pasada, el Senado también aprobó otras leyes que el Gobierno ya anunció que vetará, entre ellas el aumento de las jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. El Ejecutivo tiene hasta el 30 de julio para ejercer el veto, una decisión que ya está tomada, según fuentes cercanas al presidente: “Sería inmoral no vetar lo de los jubilados”, justifican.

La posición oficial, aseguran, responde a prioridades presupuestarias. “Tenemos más niños pobres que jubilados pobres, por eso priorizamos esos recursos”, explican.