Argentina deberá pagar más de US$1500 millones por la manipulación de datos del Indec

La decisión deja al país sin instancias legales para intentar revertir el fallo de abril de 2023 y habilita a los demandantes a ejecutar la garantía de 313 millones de euros que el país depositó en marzo para seguir el camino de la apelación, que este martes quedó cerrado.

Es la primera vez desde 2014, con el fallo a favor de los fondos buitres por el default de 2001, que la Argentina agota todas las instancias legales en este tipo de litigios internacionales, indicó Sebastián Maril, el analista de Latin Advirsors, que sigue al detalle los casos judiciales por la deuda argentina.

Con el camino legal terminado, ahora el gobierno de Javier Milei deberá definir si abona la sentencia por 1330 millones de euros más intereses. Maril recordó que en 2014, el país desoyó el resultado de esa batalla legal a favor de los bonistas y el juez Thomas Griesa tomó una serie de medidas cautelares y la Argentina ingresó en default (cesación de pagos).

Con la decisión de la Corte británica, la Argentina se quedó sin camino legal contra los reclamos por la manipulación de las estadísticas de crecimiento para evitar el pago del bono Cupón PBI durante algunos años de la presidencia de Cristina Kirchner.

Lo que sucedió es que en 2014 el gobierno decidió cambiar la forma de cálculo del crecimiento y, tras esa modificación, los cupones no pagaron intereses por el dato del año 2013.

En Reino Unido, la Argentina perdió en 2013 un juicio que habían iniciado cuatro años antes los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited. Ellos reclamaban un total de US$636 millones, pero el fallo de abril de 2023 amplió su alcance al universo total de acreedores (incluso los que no habían comenzado una acción legal). Por eso, el número ascendió hasta superar los 1300 millones de euros (unos US$1500 millones).

A fines de marzo, el Gobierno había apelado la sentencia y para hacerlo tuvo que crear un fideicomiso y depositar allí US$ 337 millones como garantía. El intento tuvo un revés en junio, con la Cámara de Apelaciones y ahora con la Corte Suprema inglesa.

Este mismo caso, conocido como “Cupón PBI” también generó reclamos en Estados Unidos. Sin embargo, la jueza Loretta Preska -la misma que ordenó al país pagar US$16.000 millones por la expropiación del 51% de las acciones de YPF- falló a favor del país y desestimó la causa por un tecnicismo. En respuesta, el fondo Aurelius ya presentó una nueva demanda contra el país por el mismo caso. Esta vez reclaman US$1300 millones.