Alberto Fernández amplió su declaración y negó vínculos con brokers

 El ex presidente Alberto Fernández, se presentó este miércoles ante el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la causa conocida como "los seguros", donde se investiga una presunta red de intermediaciones durante su gestión. Durante casi dos horas, respondió preguntas, presentó documentación y explicó las facturas emitidas al broker Héctor Martínez Sosa, pareja de su histórica secretaria, entre 2010 y 2019.

De acuerdo a un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Fernández le facturó a la empresa de Martínez Sosa un total de $4.257.000, siendo el año 2019 el de mayor volumen, con $1.422.000. “Las facturas corresponden a informes sobre coyuntura política y económica que elaboraba para varios clientes”, declaró Fernández, quien negó haber favorecido al empresario o tener injerencia en su negocio. También sostuvo que el decreto presidencial 823, que modificó el sistema de seguros, “no menciona brokers ni intermediarios”.

Fernández ya había sido indagado en noviembre de 2024, cuando la causa estaba en manos del juez Julián Ercolini. A diferencia de aquella oportunidad, esta vez respondió preguntas y pidió que sean citados como testigos Vilma Ibarra, el ex canciller Juan Pablo Cafiero, el presidente del BCRA Miguel Pesce y el ex ministro de Economía Martín Guzmán.

Paralelamente, la Cámara Federal revocó este martes la inhibición de bienes que pesaba sobre Fernández y otras 50 personas y empresas involucradas. En un fallo dividido, el tribunal consideró que las medidas cautelares carecían de suficiente justificación.

El camarista Martín Irurzun argumentó que la inhibición “carece de la debida fundamentación”, mientras que su colega Eduardo Farah señaló que “no hay indicios de ocultamiento de bienes”. En disidencia, el juez Roberto Boico votó por mantener la restricción.

La investigación se reactivó este año tras el traspaso del expediente a Casanello, quien ordenó revisar documentación, pedir nuevas pruebas y explorar otras líneas, como el análisis patrimonial de Daniel “El Gordo” Rodríguez, ex administrador de la Quinta de Olivos y persona de confianza del ex mandatario.

El expediente incluye también un informe de 662 páginas de la PROCELAC que detalla la facturación de Fernández fuera de la función pública y lo vincula con otras empresas y sindicatos.

Por ahora, la causa no tiene definiciones concretas. Sin embargo, con las indagatorias ya realizadas y la presión judicial en aumento, se espera que el juez Casanello tome una decisión en las próximas semanas sobre el procesamiento o sobreseimiento de los imputados.