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Abren una causa contra Alperovich por presunto enriquecimiento ilícito
El fiscal Guillermo Marijuan imputó al exgobernador y a la exsenadora y pidió, entre otras medidas, sus declaraciones juradas de bienes.
La causa se abrió tras una denuncia de Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz, quien señaló un crecimiento patrimonial “apreciable e injustificado” de José Alperovich y su familia durante su gestión. La presentación también involucra a allegados y otros familiares del matrimonio.
Según el análisis del fiscal Guillermo Marijuan, los hechos denunciados podrían encuadrar en el delito de enriquecimiento ilícito, que contempla penas de hasta seis años de prisión.
Claves de la denuncia y el proceso judicial
La investigación se centra en el presunto aumento desproporcionado del patrimonio de José Alperovich y Beatriz Rojkes durante su tiempo en el poder. Según la denuncia, el crecimiento de sus bienes no se correspondería con sus ingresos declarados, lo que llevó a la intervención de la justicia.
El delito de enriquecimiento ilícito se configura cuando un funcionario o exfuncionario no puede justificar el origen de su patrimonio. En este caso, la fiscalía analizará declaraciones juradas, movimientos bancarios y bienes adquiridos durante la gestión de Alperovich como gobernador de Tucumán (2003-2015) y de Rojkes como senadora nacional y presidenta provisional del Senado.
La investigación también alcanza a personas del entorno del matrimonio, lo que amplía su alcance. La justicia busca determinar si se utilizó un esquema de testaferros o estructuras societarias para ocultar el verdadero crecimiento patrimonial.
Repercusiones del caso y próximos pasos de la justicia
La imputación de José Alperovich y Beatriz Rojkes se suma a otros procesos judiciales que enfrenta el exgobernador. Paralelamente, Alperovich también está imputado en una causa por abuso sexual, tras la denuncia de una sobrina que trabajó como su asistente.
Ahora, la justicia deberá avanzar en la recolección de pruebas, pericias contables y testimonios para determinar si hubo un incremento patrimonial ilícito. De confirmarse, el exgobernador y su esposa podrían enfrentar penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
