Francia: Nicolas Sarkozy condenado y con brazalete electrónico tras su sentencia
Es en cumplimiento de la pena de un año de arresto domiciliario al que lo sentenció el Tribunal Supremo a finales del año pasado por corrupción y tráfico de influencias.
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El expresidente francés Nicolas Sarkozy anunció que detendrá sus actividades públicas y no se expresará en los medios de comunicación, después de que el viernes se le colocara un brazalete electrónico.
"He decidido poner en paréntesis mis actividades públicas de antiguo presidente", afirmó Sarkozy en un mensaje en la red social X, en el que también expresó que renunciará a cualquier expresión mediática.
En cuanto al resto de su actividad, dijo que continuará ejerciendo su vida profesional "según se me ha otorgado el derecho de hacerlo".
El anuncio se produjo después de que el viernes se le colocara un brazalete electrónico, en cumplimiento de la pena de un año de arresto domiciliario que le impuso el Tribunal Supremo a finales del año pasado por corrupción y tráfico de influencias.
"La pena pronunciada ha sido aplicada. No hubo ni sorpresa ni novedad", reconoció.
El expresidente, de 70 años, solo podrá estar fuera de su domicilio durante 12 horas al día —de las 8 a las 20 horas—, excepto en las jornadas en las que tenga otros compromisos judiciales relacionados con el proceso en el que está implicado sobre la financiación de su campaña electoral de 2007 por parte del régimen libio de Muamar Gadafi.
Sarkozy anunció que ha preparado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que "será presentado antes de final de mes" contra esa condena.
El conservador Sarkozy, que presidió Francia entre 2007 y 2012, se convirtió en el primer expresidente en ser condenado formalmente en un tribunal de justicia.
Además, ha sido condenado en apelación a un año de cárcel, con la mitad exenta, por financiación ilegal de la campaña electoral de 2012, que perdió frente al socialista François Hollande, condena que está apelada ante el Supremo.
Finalmente, Sarkozy y otros acusados están siendo juzgados actualmente en otro proceso por la presunta financiación irregular por parte del régimen libio de Muamar Gadafi de su campaña electoral de 2007.