Denuncian a Viviana Canosa por tráfico de influencias e involucran a Aníbal Fernández

La conductora Viviana Canosa fue denunciada por el presunto delito de tráfico de influencias, luego de haber declarado públicamente que, en 2011, solicitó un favor a un funcionario nacional como Aníbal Fernández. para asistir a Lizy Tagliani con un trámite personal vinculado al fallecimiento de su madre, Rosa Gallardo.

Según se confirmó, la denuncia fue impulsada por el abogado Santiago Dupuy de Lome y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12, bajo la titularidad del juez Ariel Lijo y con la intervención del fiscal Carlos Stornelli.

El expediente, identificado con el número CFP 1560/2025, se abrió oficialmente tras el sorteo realizado este lunes 15 de abril, de acuerdo con la información publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ).

La imputación alcanza también al exministro de Seguridad Aníbal Fernández, quien habría sido el funcionario al que Canosa recurrió, según su propio relato público.

La confesión al aire

El escándalo se desató luego de que Canosa, en su programa “Viviana en Vivo” (El Trece), relatara que Tagliani la llamó llorando porque tenía a su madre fallecida en una cochería sin el certificado correspondiente. “Llamé a una persona de mucha confianza y resolvimos todo. Lizy podía ir presa. Logré que llevaran a la señora nuevamente a la casa, firmaran los papeles, y la devolvieran a la cochería”, sostuvo.

Canosa no identificó en ese momento al funcionario, pero luego trascendió que se trataba de Aníbal Fernández.

Coincidencias con un relato anterior

La polémica se reavivó cuando en redes se viralizó un audio de 2017, en el que Lizy Tagliani narró el mismo episodio en el programa “La Negra Pop” (Pop Radio 101.5), aunque sin mencionar a Canosa. “Llamé a una amiga, le dije que estaba desesperada, y me ayudó. El cuerpo volvió a casa, se simuló una emergencia, y luego un médico firmó todo”, relató.

Posible delito

Según el denunciante, la conducta de Canosa podría configurar un uso indebido de influencias políticas para obtener un beneficio personal, violando el principio de igualdad ante la ley. La intervención del entonces ministro y la omisión de trámites ordinarios encuadrarían en una figura penal.

Ahora, el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli deberán determinar si hay elementos suficientes para avanzar con la investigación.