Por eso es un hecho institucional relevante que, después de mucho tiempo, el Congreso haya logrado aprobarlo antes del 31 de diciembre, tal como lo establece la Constitución Nacional. No es un detalle administrativo: es respeto por la ley, previsibilidad para la gestión y una señal de normalidad democrática.

Un presupuesto aprobado en tiempo y forma le da al país reglas claras, permite planificar, reduce discrecionalidades y fortalece al Congreso en su rol de control. Gobernar no es improvisar: es decidir prioridades y hacerse cargo de ellas. En ese sentido, cumplir con el presupuesto es cumplir con la República.

Además, y quizás sea lo más importante, es un presupuesto con déficit cero. Lo que significa que el Estado no gasta más de lo que recauda.

Cero déficit no es un eslogan ni una consigna ideológica; es una regla básica de orden y responsabilidad. En términos reales implica: Que el gasto público se financia sin recurrir al endeudamiento permanente. Que no se necesita emitir dinero para cubrir agujeros fiscales. Que cada peso que se gasta tiene respaldo, y por lo tanto una prioridad clara.

El déficit crónico, como sucedió en nuestro país durante muchos años, fue uno de los motores centrales de la inflación. Un presupuesto equilibrado ayuda a frenar la emisión, bajar la inflación y dar previsibilidad a precios, salarios y contratos.

Un Estado que ordena sus cuentas es un Estado confiable. Mejora la relación con inversores, provincias, empresas y organismos internacionales. La confianza no se declama: se construye con números.

Sin déficit, se reduce la necesidad de endeudarse. Menos deuda implica menos intereses, menos ajustes futuros y mayor soberanía en las decisiones.

El déficit suele esconder ineficiencias. El equilibrio obliga a elegir, a auditar, a eliminar despilfarros y a concentrar recursos donde realmente hacen falta.

Gastar más de lo que se tiene hoy significa pasarles las cuentas a las generaciones futuras. El déficit cero es una forma de no hipotecar el mañana.

En síntesis, un presupuesto con cero déficit no resuelve todos los problemas, pero crea el piso mínimo de seriedad para que cualquier política funcione. Sin orden fiscal no hay desarrollo sostenible, no hay crecimiento genuino y no hay Estado posible.

Es, en definitiva, una condición de responsabilidad republicana.