Las usurpaciones vienen, como decimos, desde hace largo tiempo, pero en los últimos años, las ocupaciones ilegales se han potenciado especialmente en zonas de alto valor turístico y ecológico como El Cadillal, El Mollar, Ticucho y Tafí del Valle.

Según un análisis del diario La Gaceta, al menos ocho factores han contribuido a esta situación: Descontrol estatal: Durante décadas, el Estado no ejerció controles efectivos sobre las tierras fiscales, permitiendo ocupaciones sin supervisión. Descoordinación institucional: Las distintas reparticiones estatales no actuaron de manera conjunta para prevenir y abordar las usurpaciones. Incumplimiento de deberes de funcionarios públicos: Algunos intendentes y comisionados rurales no denunciaron las ocupaciones, e incluso hay sospechas de su participación en la cesión irregular de tierras.

Corrupción administrativa: Se investigan casos en los que empleados públicos habrían facilitado la venta ilegal de tierras fiscales mediante documentación falsa. Favores políticos: Se han detectado vínculos entre dirigentes y la apropiación indebida de terrenos, como en el caso de un exdirectivo de Ospia que habría utilizado tierras destinadas a obras sociales para uso personal. Anomia legal: La falta de normas claras y su aplicación inconsistente han permitido que particulares se apropien de terrenos fiscales sin consecuencias inmediatas. Reclamos ancestrales no regularizados: Comunidades indígenas han ocupado tierras basándose en derechos ancestrales, pero la falta de titularización ha generado conflictos legales.

Lentitud judicial: Los procesos legales para resolver las usurpaciones son prolongados, lo que dificulta la recuperación de las tierras ocupadas.

Estas situaciones vienen siendo denunciadas desde hace tiempo, sin que se hayan dispuesto medidas para corregir y/o solucionar el problema. Finalmente, el gobierno de Osvaldo Jaldo ha resuelto tomar al toro por las astas creando una Unidad Ejecutora Ad Hoc. Esta Unidad tendrá como misión específica, coordinar acciones legales y administrativas destinadas a recuperar tierras usurpadas.

En el Cadillal se han identificado más de 300 hectáreas de tierras fiscales usurpadas y más de 3.000 viviendas construidas sin autorización. Solo dos emprendimientos cuentan con aprobación oficial. En el Mollar también se han detectado loteos irregulares en la Reserva Natural La Angostura. En la localidad de Ticucho se detectaron construcciones ilegales, incluyendo un camping de lujo en terrenos fiscales, y ocupaciones dentro de áreas protegidas. Estas usurpaciones son una cabal muestra de la magnitud del problema.

Se han realizado diversos operativos de desalojos, incluyendo El Mollar y Ticucho, con la participación de fuerzas de seguridad y organismos estatales. Sin duda que el problema representa un gran desafío para las autoridades, que deben responder combinando acciones legales, políticas públicas y participación comunitaria para garantizar el uso sostenible y equitativo del territorio.