En ese contexto conviene recordar algo que en la Argentina no debería olvidarse.

En 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó con Irán el llamado Memorándum de Entendimiento para, supuestamente, “establecer la verdad” sobre el atentado contra la AMIA, el ataque terrorista más brutal sufrido por nuestro país.

La paradoja era evidente: ese acuerdo se firmaba con el mismo régimen al que la justicia argentina señalaba como responsable intelectual de la masacre.

El presidente iraní que impulsó aquel memorándum ha muerto ahora en los primeros bombardeos que sacudieron a Teherán. Pero más allá de los nombres o de las circunstancias actuales de la guerra, lo que permanece es el significado político de aquella decisión.

Aquel memorándum representó, para muchos argentinos, una deserción como nación autónoma. Porque implicaba ceder parte de la jurisdicción de la justicia argentina a los mismos funcionarios del régimen acusados por nuestros tribunales de haber organizado el atentado.

En lugar de exigir que los sospechosos comparecieran ante la justicia argentina, se proponía crear una comisión bilateral que, en los hechos, relativizaba el trabajo de nuestros jueces y fiscales.

El fiscal Nisman que había avanzado en la investigación del atentado, fue asesinado en su departamento de Puerto Madero y su crimen aun permanece impune.

Si aquella decisión de crear una comisión bilateral es o nó un delito, será finalmente la Corte Suprema la que lo determine. Pero más allá del plano judicial, existe también un juicio histórico y moral. Porque negociar con quienes estaban acusados de haber perpetrado el mayor atentado terrorista en nuestro territorio fue, sin duda, una de las claudicaciones diplomáticas más graves de nuestra historia reciente.

Hoy, cuando el mundo vuelve a mirar con preocupación a Irán y a todo el tablero explosivo de Medio Oriente, aquella decisión adquiere un significado aún más profundo.

La Argentina no puede permitirse nunca más confundir pragmatismo con renuncia, ni diálogo con impunidad. La memoria de las 85 víctimas de la AMIA exige algo muy simple y muy firme: verdad, justicia y dignidad nacional.