Ciertamente que en nuestro país el derecho de huelga ha sido distorsionado y se han cometido abusos utilizando falsamente este derecho.

El DNU 340/2025 limita la huelga en sectores como la salud, educación (desde guarderías hasta secundaria), transporte aéreo y marítimo, producción y distribución de gas y combustibles, servicios aduaneros y migratorios, telecomunicaciones y cuidado de menores deben mantener un funcionamiento mínimo del 75% durante las huelgas.

Amplia las limitaciones a las actividades de importancia trascendental: Se introduce una nueva categoría que abarca áreas como transporte público, medios de comunicación, industria, construcción, minería, servicios bancarios, hoteleros y gastronómicos, entre otros. Estas actividades deben garantizar al menos un 50% de funcionamiento durante medidas de fuerza.

Modificación legal: El DNU modifica la Ley de Régimen Laboral vigente, replicando en gran parte disposiciones que ya habían sido rechazadas por la justicia en intentos anteriores de reforma laboral.

No caben dudas de que el sindicalismo, ya en estado de alerta se prepara para acudir a la justicia reclamando la inconstitucionalidad del DNU y aprestándose a iniciar medidas de fuerza. La central obrera y diversos gremios acusan al Ejecutivo de avanzar contra derechos y que el DNU amplía los servicios esenciales y restringe la posibilidad de paro. Calificaron a la normativa de “ridícula” e “inconstitucional”. Se preparan presentaciones judiciales y posibles medidas de fuerza.

El gobierno de Milei empezó a bosquejar las primeras líneas de una reforma sindical que se presenta como un paso clave para profundizar el proceso de desregulación económica y transformación del Estado en la cuenta regresiva a la extinción de las facultades delegadas a mitad de año.

Recordemos que el FMI reclama la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma fiscal y en los próximos tiempos, veremos como se avanza en este sentido.