El decreto de intervención fundamenta que ha habido “sucesivos hechos vinculados con la venta ilegal de estupefacientes”, lo cual originó una crisis institucional en el municipio.

Campos y su esposa, Sandra Figueroa (actual legisladora provincial), gobernaron Alberdi alternativamente desde 2003, él en dos períodos y ella en uno, con reingreso de él luego, en un claro ejemplo de nepotismo municipal.

¿Lo de Alberdi es un hecho aislado o es nada más que la punta de un iceberg de enormes dimensiones? Es la pregunta que los tucumanos nos formulamos. De lo que no dudamos es de la vigencia plena de un oscuro nepotismo en la política tucumana. Amplias redes de parentesco aseguran la continuidad de poder entre familiares o allegados en las intendencias, comunas rurales y también en los poderes legislativo y ejecutivo.

Se apela al parentesco cercano, cónyuges, hermanos, hijos y hasta padres, con la finalidad primaria de mantener lealtades internas.

En las últimas elecciones provinciales, en 15 de los 19 municipios, el intendente promovió a un familiar para continuar en el cargo. Estas prácticas no son solitarias ni inéditas en Tucumán: ya en 2015 había al menos 10 municipios donde se heredaban intendencias entre familiares.

Y pareciera que a muy pocos les preocupa esta aberración de la política. Por el contrario, el nepotismo ha ido en aumento. Un ejemplo de nepotismo municipal, Gimena Mansilla, actual intendenta de Aguilares desde octubre de 2023, sucedió a su madre Elia Marina Fernández de Mansilla. Es la tercera generación de la familia en ese puesto desde 1999. Este caso confirma que la tendencia del nepotismo municipal continúa vigente.

La Constitución provincial reformada en el 2006, reconoce la autonomía municipal y establece la posibilidad de que los municipios se den sus propias cartas orgánicas. Pero no hay ninguna regulación que frene el nepotismo. Tampoco leyes o algún mecanismo de control.

El nepotismo se muestra como una grave enfermedad para la democracia. Concentra el poder en un clan familiar, reduce la competencia y la capacidad de renovar las autoridades, hay menor transparencia, se incrementa el clientelismo y baja la calidad de cualidades de los postulantes.

Tucumán tiene que poner límites a esta perniciosa práctica, a través de leyes electorales y/o de resultar necesario mediante una nueva reforma constitucional.