Desde el punto de vista del derecho internacional, la violación de la soberanía territorial de Venezuela es un hecho innegable. Ningún país puede atacar militarmente a otro sin consecuencias. Ese principio es básico y no admite matices convenientes.

Pero al mismo tiempo, estamos frente a una anomalía sin precedentes: un hombre acusado por la justicia norteamericana de ser jefe de una red de narcotráfico internacional, con pedido de captura y recompensas millonarias, que a la vez ocupa la presidencia de un país, tras elecciones ampliamente cuestionadas, sin reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional. Es decir, Maduro ejerce el poder de facto, con legalidad interna discutida y legitimidad externa prácticamente nula.

Esta contradicción es la que explica, aunque no necesariamente justifica, la decisión de Washington. Y es aquí donde la polémica será inevitable. Habrá quienes respalden la medida impulsada por Donald Trump, convencidos de que el combate al narcotráfico y a las dictaduras no admite medias tintas. Y habrá otros, muchos otros, que denunciarán una intervención imperial, una violación del orden internacional y un retroceso peligroso.

Lo cierto es que Estados Unidos vuelve a mostrar los reflejos del poder duro. Una política que remite a otros tiempos. Desde la era de Theodore Roosevelt, con su célebre “política del garrote”, no se veía una acción de este tipo aplicada de manera tan directa en América Latina.

La pregunta de fondo no es solo qué pasará con Maduro, sino qué precedente se abre. ¿Puede un país detener al jefe de Estado de otro si lo considera un criminal internacional? ¿Dónde termina la defensa de la legalidad y dónde empieza la ley del más fuerte?

Venezuela vuelve a quedar atrapada entre dos tragedias: una dictadura que destruyó al país desde adentro y una región que, una vez más, se convierte en tablero de disputa de las grandes potencias.

Y cuando eso ocurre, la democracia, el derecho y los pueblos suelen ser los primeros en pagar el precio.