Las leyes laborales argentinas son antiguas, rígidas y, en muchos casos, expulsivas. No protegen al trabajador moderno: lo empujan a la informalidad, al empleo precario o directamente al desempleo. El mundo cambió, el trabajo cambió, la tecnología cambió. Pero buena parte de la legislación laboral quedó congelada en el tiempo.

Ahora bien, hay un punto aún más delicado: no se puede aceptar que los sindicatos y sectores políticos minoritarios, se planten contra el Congreso de la Nación. El Congreso es un poder constitucional, elegido libremente por el voto popular, donde están representadas todas las fuerzas políticas del país. Es allí donde se debaten y sancionan las leyes. No en la calle, no por presión, no por extorsión.

La democracia republicana es muy clara: los ciudadanos eligen a sus representantes, esos representantes legislan, y las leyes se acatan. Lo contrario es una lógica corporativa que debilita el sistema republicano y pone a un sector por encima del conjunto de la sociedad.

La CGT, como otros segmentos sociales, tienen derecho a opinar, a proponer, a participar del debate. Pero no tienen derecho a vetar al Congreso, ni a paralizar al país cada vez que se discute un proyecto de ley que toca intereses históricos.

Modernizar las leyes laborales no es ir contra los trabajadores. Es, precisamente, darles futuro. Permitir que millones accedan a un trabajo formal. Aferrarse al pasado, en cambio, es condenarlos a quedar afuera.