La señora de Kirchner titular nacional del partido justicialista, no está proscrita sino inhabilitada y no podrá ser candidata a una banca en la legislatura de la provincia de Buenos Aires.

La sentencia de la Suprema Corte señala un hito político y judicial sin precedentes en la historia reciente del país. La ex presidente por dos periodos consecutivos y vicepresidente de Alberto Fernández viene sosteniendo que la causa tiene fines políticos y mediáticos. Sin embargo, el largo proceso ha sido correcto en todas sus instancias, ajustado a derecho y respetando todas las garantías constitucionales.

Al confirmar la pena a 6 años de prisión a la señora y su inhabilitación se ha hecho lo que “determina el ordenamiento jurídico vigente”, cimentado en el principio constitucional de igualdad ante la ley. “La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático". remarcó la Corte.

Ante el Tribunal Oral número 2, el que originariamente la juzgó, el fiscal Diego Luciani la acusó de que se asignaron 51 obras viales en Santa Cruz por más de $46.000 millones a Austral Construcciones, de Báez, un amigo personal de los Kirchner. El fiscal demostró que muchas obras no se terminaron o fueron abandonadas, se pagaron sobreprecios, tuvieron licitaciones manipuladas o con falsas competencias. También argumentó que parte del dinero público regresaba al patrimonio de los Kirchner, a través de alquileres y contratos con empresas de Báez (ej. Hotesur y Los Sauces). De manera que el circuito se cerraba con el dinero volviendo al grupo familiar Kirchner.

Por su parte el fiscal Sergio Mola expuso evidencia documental, pericial y financiera. Su intervención fue más técnica y jurídica, complementando el alegato político‑estructural de Luciani. Sostuvo que hubo una maniobra deliberada y constante durante más de una década para beneficiar a Lázaro Báez. Destacó que Austral Construcciones recibió pagos millonarios, aunque no completó las obras o ni siquiera las inició.

Afirmó que Austral Construcciones fue una “empresa fantasma” creada específicamente para captar fondos públicos. Báez no tenía experiencia en obra pública antes de 2003. Agregando que las otras empresas que supuestamente competían en licitaciones también eran de Báez o actuaban coordinadas con él.

Ambos fiscales solicitaron 12 años de prisión para Cristina Kirchner, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y condenas para otros funcionarios y empresarios implicados.

El tribunal la absolvió del cargo de asociación ilícita y la condenó por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El tribunal de Casación Penal Sala IV, confirmó la condena en noviembre del año pasado. Es ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con los votos unánimes de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, la que rechaza el recurso de queja presentado por la defensa y deja la condena definitivamente en firme.

Cristina irá a prisión, seguramente domiciliaria y está inhabilitada, no proscripta, para ocupar cargos públicos. La justicia argentina dio una muestra acabada de respeto por los valores republicanos de nuestra Carta Magna y un fuerte soplo de aire fresco para nuestra enrarecida política.