Más que el rechazo en sí, implica un mensaje siniestro de quienes deberían ser un dechado de virtudes. Nuestros senadores están dispuestos a ser cómplices de los delincuentes de guantes blancos que nos saquean.

El proyecto de la diputada del Pro, Silvia Lospennato, inspirado en una legislación ya vigente en Brasil y respaldado por múltiples organizaciones de la sociedad civil, proponía un estándar ético mínimo para quienes aspiran a representar al pueblo: no haber sido condenados, al menos en segunda instancia, por hechos como corrupción, abuso sexual o delitos violentos. Es difícil imaginar un planteo más básico y, a la vez, más simbólico: que quienes hacen las leyes no tengan cuentas pendientes con la Justicia.

El proyecto tenía ya media sanción de la Cámara de Diputados y el Senado solo tenía que aprobarlo con la mitad mas uno del cuerpo para convertirlo en ley. Pero en el Senado primó la resistencia. Ya sea por temor a que la norma afecte a dirigentes con causas abiertas o por una interpretación jurídica que privilegia la presunción de inocencia por sobre la legitimidad ética del cargo público, el resultado fue el mismo: la política volvió a encerrarse sobre sí misma, protegiendo sus privilegios y vuelve a mostrar una desconexión preocupante con las demandas más elementales de la ciudadanía.

Como bien lo expresa en un comunicado AmCham Argentina (la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina) "la integridad de los funcionarios es un pilar fundamental para construir confianza ciudadana y mejorar la calidad democrática". Y agrega “Tolerar la impunidad debilita nuestras instituciones, erosiona la confianza social y aleja cualquier posibilidad de desarrollo sostenible".

Y advierte que una Argentina competitiva requiere reglas claras, seguridad jurídica y un compromiso ético irrenunciable por parte de todos los actores institucionales. "Sin estos valores, no hay clima posible para la inversión, la innovación ni el crecimiento", enfatiza.

El oficialismo y sus aliados decían tener los votos para que el proyecto se aprobara, sin embargo los dos senadores que responden al mandamás misionero, el exgobernador Carlos Rovira, que normalmente acompañan al oficialismo, votaron en contra, ante la sorpresa del recinto. Rovira aclaró luego ante los suyos que fue un “arreglo” con el presidente Javier Milei.

“A mí me llamó Javier Milei", reveló Rovira sin rodeos durante una reunión con aproximadamente 50 dirigentes de su espacio, el Frente Renovador de la Concordia y dijo que Milei le pidió que sus senadores votaran contra la Ficha Limpia. Un escándalo que debería ser aclarado por el presidente.

El Congreso tuvo la oportunidad de dar una señal clara a la sociedad, pero decidió no hacerlo. La ley de Ficha Limpia no era una solución mágica. Pero sí era un punto de partida para mejorar la calidad de nuestros representantes. Su caída representa una oportunidad perdida. Y una deuda más de la política con la sociedad que dice representar.