El proyecto impide que sean candidatos aquellas personas que tienen condena en primera y segunda instancia en causas por corrupción.

Por tratarse de un tema electoral, se necesitaba de mayoría absoluta -la mitad más uno del total de la Cámara-, es decir, 129 votos. El oficialismo contó con el acompañamiento del PRO, parte de la UCR, Democracia para Siempre, Independencia, Innovación, Producción y Trabajo, Paula Omodeo y la Coalición Cívica.

También hubo un apoyo parcial de Encuentro Federal, ya que Miguel Pichetto y Nicolás Massot optaron por la abstención. Mientras que el bloque de Unión por la Patria y la izquierda votaron en contra del proyecto.

Si el Senado lo convierte en ley, Cristina Kirchner quedaría fuera de la carrera electoral por tener condena confirmada en segunda instancia en delitos contra la administración pública.

El eje central del proyecto de ley apunta a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.

Resulta incomprensible que haya legisladores que se opongan a un proyecto de ley que persigue el propósito de que los delincuentes de guante blanco que roban al Estado en múltiples formas, no puedan ser candidatos a una banca legislativa. Claro está que no nos sorprende que el kirchnerismo vote en contra, visto que son muchos los personajes imputados, procesados y condenados que militan en este espacio, comenzando por su jefa, Cristina Fernández de Kirchner, que no solo está condenada en doble instancia por corrupción, sino que tiene abierta otras causas, algunas de ellas prontas para iniciarse el juicio oral.

Adhiero a las palabras del empresario ítalo argentino Cristiano Rattazzi, cuando dice “Es insólito que más del 30% vote a una banda de ladrones”. Con idéntico sentido, resulta insólito que haya legisladores que voten en contra de la Ficha Limpia. Deben estar muy sucios para oponerse a algo tan elemental como necesario en nuestra política para transparentarla.

Recordemos que esta iniciativa fue formulada por organizaciones civiles hace aproximadamente siete años y juntó más de 400.000 firmas. Desde entonces se presentaron diferentes proyectos en el Congreso. Varios países tienen leyes similares, con diferencias en la naturaleza del delito, grado de sentencia y duración de la inhabilitación, entre otros Reino Unido, Francia, Italia, España, Bélgica, Países Bajos, Chile, Canadá, Israel, Perú, Brasil, Austria, Alemania, Polonia, Australia, Colombia y Paraguay. Entre los países que no tienen normas semejantes el electorado jamás votaría por candidatos condenados por la justicia. En Argentina es necesaria la ley.