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España concedió asilo político a Edmundo González Urrutia quien fue el candidato opositor en las elecciones del 28 de julio en Venezuela, elecciones en las que, según las actas publicadas por la oposición, González ganó con un 70% de los votos. Sin embargo, Nicolás Maduro, fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral y ratificado por un Tribunal Supremo de Justicia afín al oficialismo. Maduro sucesor de Hugo Chávez, es el más rancio exponente del chavismo, una revolución enraizada por 25 años y absolutamente decidida a no dejarse sacar del poder.
Varios países rechazaron oficialmente los resultados de estas elecciones y argumentaron la falta de legitimidad del proceso electoral. En nuestra región, Argentina y ocho países más -entre ellos Perú, Uruguay, Chile, Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Ecuador- exigen una revisión completa de los resultados. Otros países se sumaron a rechazar los resultados, como Italia, El Salvador y Canadá. Pero también organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA). Hay varias naciones que llamaron a un conteo transparente y verificable de los votos para asegurar la legitimidad de los resultados. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, España, Portugal, Alemania, Brasil, Colombia y el Reino Unido. Estos países solicitaron la intervención de observadores internacionales independientes e insistieron en la necesidad de un proceso electoral justo y libre que refleje verdaderamente la voluntad del pueblo venezolano.
La ONU se sumó a este pedido, luego de que el secretario general hizo un llamamiento a “la total transparencia” y pidió que “se publiquen puntualmente los resultados de las elecciones y un desglose por colegios electorales”. Bolivia, México, Cuba, Nicaragua, Honduras, China, Siria e Irán son países que están en otra posición, han expresado su apoyo al presidente Nicolás Maduro y felicitaron a su administración por los resultados electorales. Argentina pidió a la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro y otros jerarcas de la dictadura venezolana. Nuestro gobierno afirma que, la evidencia que tiene la causa es suficiente para pedir su detención. Ya la Justicia argentina, en abril pasado, reabrió una causa por la responsabilidad del gobierno de Maduro en crímenes contra la humanidad en virtud de lo que se denomina “principio de jurisdicción universal” y “de competencia extraterritorial”. Todos los diplomáticos argentinos tuvieron que abandonar Venezuela y la sede de nuestra embajada donde se encuentran asilados seis opositores al régimen quedó a cargo de Brasil por especial pedido de nuestro país y autorizado por el gobierno venezolano. La líder de la oposición, María Corina Machado asevera, "El 10 de enero de 2025 el presidente electo Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela". Esto está por verse.
