Hoy, en Argentina, los jóvenes de 16 y 17 años ya son imputables para delitos graves. Es decir, el sistema no es totalmente permisivo, como muchas veces se afirma. El problema central no es solo la edad, sino cómo funciona o no funciona, el sistema penal juvenil.

Sin duda que hay argumentos a favor de bajar la edad. Hay delitos extremadamente graves cometidos por menores de 16 años que hoy no reciben sanción penal. La sensación de impunidad erosiona la confianza social y desalienta la prevención. El Estado debe dar una respuesta clara a las víctimas y a la sociedad.

También hay quienes argumentan en contra, dicen que bajar la edad no resuelve por sí sola la violencia juvenil. Sin un sistema de instituciones especializadas, contención y rehabilitación, solo se amplía el castigo. El riesgo es criminalizar la pobreza sin atacar las causas de fondo: deserción escolar, familias desintegradas, drogas, ausencia del Estado.

La discusión no debería ser solo “¿14 o 16 años?”, sino: ¿Hay juzgados juveniles eficaces? ¿Existen centros de detención adecuados, educativos y no carcelarios? ¿Funciona la prevención temprana? ¿El Estado llega antes que el delito?

En síntesis, bajar la edad de imputabilidad puede debatirse, pero solo dentro de un nuevo Régimen Penal Juvenil serio, integral y moderno. Hacerlo como respuesta emocional a hechos aberrantes puede traer más daño que soluciones.

La sociedad necesita menos slogans y más Estado presente, antes, durante y después del delito. Porque castigar sin educar ni contener no es justicia: es resignación.