La respuesta, aunque incómoda, es que no siempre. Porque durante años, al ciudadano de a pie se lo mantuvo al margen del debate económico real. Mientras se le hablaba de derechos y expansión del gasto público, nadie le explicó que un Estado no puede gastar eternamente más de lo que recauda sin consecuencias. Y esas consecuencias —como bien sabemos— no las sufre una planilla de Excel: las sufre él.

El déficit fiscal crónico de la Argentina ha sido financiado una y otra vez con deuda o con emisión monetaria, y el resultado es siempre el mismo: inflación, devaluación, pérdida del salario real, pobreza estructural. ¿Y quién paga esa factura? El trabajador, el jubilado, el comerciante, el desempleado. Todos, menos los que diseñaron el desequilibrio.

Por eso, lograr el equilibrio fiscal no es una obsesión tecnocrática ni un capricho ideológico. Es, ni más ni menos, una condición indispensable para que el país sea gobernable, para que la moneda valga, para que los salarios recuperen poder de compra, y para que el Estado pueda cumplir sus funciones esenciales sin convertirse en una máquina de empobrecer.

Ahora bien, si el equilibrio fiscal se impone con desprecio social, sin explicación ni contención, puede ser visto como un ataque. Pero si se lo presenta como parte de un contrato nuevo y transparente entre el Estado y la sociedad, entonces el hombre común podrá entenderlo —y acaso respaldarlo— no como una amenaza, sino como un camino de reconstrucción.

El Congreso Nacional ha aprobado leyes que ponen en riesgo el equilibrio fiscal trabajosamente logrado por el actual gobierno. Claro está que el Congreso es un cuerpo colegiado, donde la responsabilidad individual se diluye. Si como consecuencia de alguna de las legislaciones sancionadas todo “vuela por el aire”, ninguno es responsable.

Es posible esperar después de lo actuado por el Senado la siguiente cadena: el presidente veta las leyes sancionadas, el Congreso insiste con mayoría especial, y el titular del Poder Ejecutivo las judicializa. Es lo que cabe esperar, salvo que el proceso se detenga por negociaciones políticas.

Si no se entiende el equilibrio fiscal, se cae en la trampa del cortoplacismo. Pero si se lo comprende, se convierte en una bandera de madurez nacional. Y hoy más que nunca, la Argentina necesita de ciudadanos que entiendan —y exijan— responsabilidad fiscal, no como una renuncia, sino como una esperanza.