Esta iniciativa busca impedir que personas con condenas judiciales confirmadas en segunda instancia por delitos relacionados con la corrupción puedan postularse a cargos electivos nacionales o desempeñar funciones en la administración pública.

El proyecto, impulsado por la diputada del PRO Silvia Lospennato, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado en febrero por 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado ya emitió dictamen favorable sin modificaciones, allanando el camino para su tratamiento en el recinto.

El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza y sus aliados, ha manifestado confianza en que la ley será sancionada esta semana. No obstante, persisten dudas sobre posibles ausencias estratégicas o cambios de último momento que podrían alterar el curso del debate. Si se introducen modificaciones al texto, deberá volver a la Cámara Baja. De lo contrario la ley podría quedar sancionada definitivamente.

La ley de Ficha Limpia tiene implicancias directas en el escenario político argentino. Por ejemplo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en la causa Vialidad, y su condena fue confirmada en diciembre de 2024. De aprobarse esta ley sin modificaciones, la presidenta del Justicialismo no podría ser candidata en las elecciones legislativas de 2025 ni las que se realicen en el futuro.

Más de 20 países tienen algún tipo de legislación o normativa que restringe el acceso a cargos públicos por antecedentes penales. En América Latina el caso más emblemático es Brasil. En 2010 se sancionó la Ley de Ficha Limpia (Leí da Ficha Limpa), impulsada por iniciativa popular. Prohíbe candidaturas de personas condenadas en segunda instancia por diversos delitos (corrupción, narcotráfico, etc.). Perú, Colombia, Chile y Uruguay tienen inhabilitaciones en sus leyes electorales con distintas características y para determinados delitos.

En Italia la llamada Legge Severino (2012) impide que personas condenadas en firme por corrupción u otros delitos accedan o permanezcan en cargos públicos, mientras que Francia y Alemania tienen restricciones más selectivas y dependen del tipo de delito, aunque se inhabilita a quienes hayan cometido delitos contra la administración pública.

Estados Unidos, por ser un país de un federalismo efectivo, las restricciones varían por estado. En general, no hay una “ley nacional” de ficha limpia, pero se aplican inhabilitaciones para ciertos delitos graves, especialmente corrupción.

Es de vital importancia para el saneamiento de nuestro sistema político que se sancione esta norma legal. Resulta insólito y muy penoso que una persona condenada por corrupción en doble instancia pretenda continuar saqueando al Estado impunemente.