¿Cómo es posible que dirigentes políticos que nunca desarrollaron una actividad privada significativa acumulen fortunas multimillonarias, mientras un sinnúmero de compatriotas apenas sobrevive? La indignación social no es sólo legítima, sino también necesaria, porque se trata de un problema que erosiona la confianza en las instituciones democráticas.

El caso de Máximo Kirchner no es único, pero resulta emblemático por su dimensión. El actual diputado nunca trabajó, ni se le conoce actividad lícita por fuera de la política. La mayor parte de su riqueza proviene de la herencia de su padre Néstor Kirchner, cuya fortuna también es objeto de sospechas y denuncias judiciales y de las sociedades familiares. Cristina, su madre, le donó el resto, quedando la condenada, insolvente para devolver al Estado lo que la justicia le ordena devolver.

Todo este intríngulis complica cualquier intento de revertirlo jurídicamente, salvo que se pruebe que la fortuna originaria provino de delitos de corrupción. El trasfondo es el mismo: sin un sistema judicial independiente, ágil y eficaz, cualquier investigación sobre enriquecimiento ilícito se diluye en la maraña de recursos, apelaciones y demoras que suelen dejar impunes a los poderosos.

La respuesta no puede ser la resignación. Es imperioso avanzar en mecanismos que permitan que los patrimonios injustificados vuelvan al lugar que corresponde: el Estado. Para ello, Argentina necesita reforzar la figura de la extinción de dominio, de modo que los bienes sospechados de haber surgido de la corrupción pasen preventivamente a manos públicas hasta que sus dueños demuestren su origen legítimo. Al mismo tiempo, deben cruzarse de manera automática las declaraciones juradas de los funcionarios con registros bancarios, impositivos e inmobiliarios, garantizando así que cada peso tenga una trazabilidad clara.

Pero más allá de lo legal, existe una cuestión ética. Un dirigente político que vive en la opulencia gracias a su apellido o al usufructo de cargos públicos carece de autoridad moral para hablar en nombre del pueblo. La política debería ser, ante todo, un servicio, no un camino hacia el enriquecimiento.

La Argentina sólo podrá encarar un futuro de mayor justicia si se asume que la transparencia no es un lujo, sino una condición de la democracia. Recuperar bienes mal habidos es necesario, pero aún más lo es evitar que vuelvan a repetirse estas historias que ofenden la dignidad de la ciudadanía.