La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la acusa de obrar “políticamente” al excarcelar rápidamente a 114 de los 120 detenidos por los incidentes frente al Congreso. Le imputa los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento

Mediante un escrito firmado por el director nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial, Fernando Soto, el ministerio hizo efectiva la denuncia contra la jueza por prevaricato, además de encubrimiento al delito de sedición, ante la Justicia Federal de Comodoro Py.

Todo el país pudo ver a través de la televisión el actuar de los barras bravas y otros infiltrados en la marcha de los jubilados. Fueron muy violentos y atacaban a los policías con cascotes de las veredas que rompían ex profeso, para tener elementos para arrojar.

¿Que tenían que hacer los barras bravas ahí, en ese momento? Nunca se habían preocupado por los pasivos, que desde hace varios años son la moneda de ajuste de sucesivos gobiernos. Alguien los organizó, sin duda, la presencia en conjunto de barras de diferentes clubes de futbol no estaban por casualidad.

El ministerio de Seguridad había efectuado una denuncia contra supuestos barrabravas por “sedición” y acusó a dos intendentes del conurbano, Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermin (Lomas de Zamora), de haber contribuido en la organización.

La jueza Andrade haciendo honor al sentimiento de los argentinos de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, liberó a los detenidos, con el argumento de que su “sentencia dejó claro cuál es el abecé de la detención de una persona en nuestro país.

Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, señaló y citó al constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un “derecho baluarte del sistema democrático”. Según Andrade “No se cumplían los requisitos básicos de información al juez sobre los motivos de las detenciones. No había un control judicial efectivo”.

Pero la jueza no dio tiempo a la policía de identificar a los revoltosos que fueron aprehendidos en plenos delitos. Ni ella misma averiguó si tenían antecedentes criminales.  

Para el Ministerio de Seguridad, explicaron que cuando la Policía tiene que identificar una persona, eso le lleva un tiempo, ya que tiene que tomar los datos filiatorios, hacer fichas, tomar las huellas dactilares, los datos del funcionario policial que lo detuvo, las circunstancias y motivo de detención. “Eso le lleva una hora haciéndolo muy rápido con una persona.

Cuando tenés más de 100 personas, el caso es complejo. Además, mientras estaban haciendo esto, de identificar a los detenidos, seguían los desmanes. Esto la jueza lo sabía porque era público y notorio, pero lo obvió en la práctica”, acusaron.

El asunto derivó en una denuncia del Ministerio, contra la jueza Karina Andrade por los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de funcionario Público y Encubrimiento Agravado. El caso recayó en el juzgado de la magistrada María Servini de Cubría. Otra marcha está anunciada para este miércoles.