Argentina está condenada por un tribunal de Nueva York a pagar 16100 millones de dólares mas intereses por la torpe estatización de la petrolera estatal. Esta condena a pagar una suma multimillonaria resulta inexplicable, al mismo tiempo que nos indigna ¿es fruto de la torpeza, de la ignorancia, de mala praxis, de una ideología estúpida o simplemente corrupción? Es el resultado de un mix de todo ello. ¿A quien entregamos los argentinos el manejo de la res pública para que produzca un resultado tan aberrante? No debemos lamentarnos, durante tres períodos presidenciales consecutivos y uno separado, votamos para que nos gobierne el kirchnerismo, un movimiento político de ladrones y sinvergüenzas, desprovistos de la mínima idoneidad.

Quiero referirme en este espacio a la nota publicada ayer por el diario La Nación y que lleva la firma del bien informado periodista Carlos Pagni, quien relata con meridiana claridad, el desarrollo de los hechos que culminaron en el fallo de la jueza Loretta Preska.

Pagni comienza comparando el asunto con el cuento más conocido de Borges, El Aleph, como el punto donde convergen varios planos de la corrupción, combinando empresarios, funcionarios y el Poder Judicial en lo que describe como un sistema más que casos aislados.

Cita el fallo de Preska, que ordena al Estado argentino entregar el 51 % de YPF al fondo Burford, que compró el 70 % de los derechos de reclamo de la familia Eskenazi, los antiguos accionistas vinculados a Petersen.

El periodista explica el rol que juegan los Eskenazi en el asunto y señala que Francisco y Sebastián Eskenazi ingresaron sin inversión directa: obtuvieron el 25 % en 2008 y control operativo, financiando su compra con dividendos de la propia YPF. También revela la relación muy cercana con Néstor y Cristina, y que se habrían beneficiado de rentas desde su banco, el Banco de Santa Cruz, incluso como co-responsables en causas judiciales.

Luego de la muerte de Néstor y en 2011, surgieron tensiones internas que facilitaron la estatización de YPF. Los Eskenazi crearon una sociedad española, Petersen Energía, que reclamó la indemnización por la estatización y cedió 70 % al fondo Burford, reteniendo 30 % del reclamo.

El procurador Saravia Frías durante el Gobierno de Mauricio Macri: intentó invalidar el reclamo por opacidad en la compraventa y corrupción; rescató leyes europeas e investigó el ingreso de los Eskenazi. Pero al regresar Alberto y Cristina al poder se frenó dicha estrategia. El caso pasa a Carlos Zannini, quien estuvo vinculado a los Eskenazi, debilitando la defensa.

El gobierno de Javier Milei nombra como procurador a Castro Videla, quien se excusa por vínculos previos con Burford, dejando a la Argentina sin defensa efectiva en el juicio más grave de su historia contemporánea, señala Pagni.

Para el periodista, el caso YPF–Eskenazi–Burford expone un entramado político‑empresarial‑judicial a lo largo de décadas, donde todos los gobiernos permitieron, toleraron o directamente facilitaron una maniobra que ahora costará al Estado US$ 16.100 millones (más intereses), con riesgo real de perder el control de YPF. Para Pagni, se trata de un sistema perverso: no solo de actos corruptos puntuales, sino de una “usina” que produce impunidad y favorece acuerdos opacos que hoy implican una serísima amenaza económica y política.