En 2014, dos de los hijos de Pablo, menores por entonces, lo denunciaron por abuso sexual, bajo fuerte influencia de su madre, Andrea Vázquez. El hijo mayor, Francisco, nunca adhirió a la acusación y siempre defendió la inocencia de su padre. Pablo fue detenido preventivamente y pasó tres años encarcelado: casi dos en un instituto psiquiátrico y luego bajo arresto domiciliario, hasta su liberación para ir a juicio oral. En agosto de 2023, el Tribunal Oral Criminal N.º 3 de Lomas de Zamora lo absolvió por unanimidad, sin acusación fiscal formal.

Tomás Ghisoni, uno de los hijos denunciantes, ahora con 20 años, publicó un video explicando que la denuncia fue una mentira inducida por su madre, quien le dijo qué decir, cómo actuar y qué dibujar en audiencias y en psicodiagnósticos.

Tras la absolución, Pablo habló públicamente y enfatizó que la denuncia falsa destruye vidas enteras, no solo la del denunciado sino la de toda la familia. Señaló que la única prueba formal fue una Cámara Gesell al menor, cuya conclusión fue que el discurso del niño estaba contaminado por el discurso adulto y fue desestimada en el juicio. Pablo insiste en que se debe legislar contra las denuncias falsas, con sanciones efectivas también para los psicólogos, peritos o redes que contribuyan a armarlas.

El caso reavivó el debate sobre la necesidad de leyes que protejan a víctimas de denuncias falsas, especialmente cuando involucran menores o disputas parentales. El caso de Pablo ejemplifica cómo un relato sin pruebas evidentes y apoyado en procesos rígidos puede devastar vidas sin condena judicial final.

Ghisoni sufrió años de prisión sin juicio (prisión preventiva), con un enorme costo personal y profesional, mientras que la causa se prolongó durante una década. La resolución llegó tarde para reparar el daño sufrido.

Las penurias de Pablo muestran el impacto devastador de una denuncia falsa construida desde el entorno familiar, que desencadenó un juicio penal prolongado sin prueba sólida. La confesión pública del hijo como víctima de manipulación y la absolución final del padre subrayan la urgencia de legislar sobre denuncias falsas, maliciosas, calumnias o falso testimonio, agravando las penas. La importancia de revisar pruebas como las cámaras Gesell. La responsabilidad de operadores judiciales, peritos y asistentes sociales que pueden influir indebidamente. La justicia debe ser ciega, pero no estúpida.