Este histórico fallo implica que las personas trans, incluso aquellas con un Certificado de Reconocimiento de Género (GRC), no son legalmente reconocidas como mujeres u hombres en el contexto de esta ley. "El concepto de sexo es binario, una persona es mujer o es hombre", sentenció el tribunal.

El caso fue presentado por el grupo For Women Scotland, que impugnó la orientación del gobierno escocés que incluía a mujeres trans con GRC [i]en las cuotas de género para juntas públicas. El Tribunal Supremo dictaminó por unanimidad que dicha interpretación era “incoherente e impracticable”, reafirmando que el sexo legal se basa únicamente en criterios biológicos, no por la identidad de género.

El histórico fallo representa un duro golpe para quienes defienden los derechos de las personas transgénero y tiene alcances significativos para el acceso a espacios y servicios exclusivos por sexo. Se permite legalmente que servicios como refugios, vestuarios, refugios para víctimas de violencia, prisiones y deportes exclusivos para un solo género, puedan excluir a personas trans, siempre que se base en el sexo biológico. Sin embargo, aun cuando no están obligadas a hacerlo; pueden optar por mantener políticas inclusivas si lo desean.

El gobierno británico, liderado por el primer ministro Keir Starmer, acogió favorablemente la decisión. Starmer declaró que “una mujer es una adulta de sexo femenino” y que el fallo aporta “claridad” para la elaboración de políticas. La ministra de Mujeres e Igualdad, Bridget Phillipson, afirmó que los servicios deben basarse en el sexo biológico, mencionando como ejemplo la eliminación de salas hospitalarias mixtas.

Como era de esperar, la sentencia ha generado críticas de activistas y figuras públicas, quienes advierten que la decisión podría tener efectos nefastos para las personas trans. El Tribunal, sin embargo, reiteró que las protecciones contra la discriminación por reasignación de género siguen vigentes bajo la Ley de Igualdad.

El fallo del alto tribunal inglés reviste significativa importancia y aclara conceptos que en la sociedad actual están trastocados. En nuestro país también hay modificaciones en este delicado tema. El gobierno de Javier Milei ha implementado medidas que alteran significativamente el tratamiento de la identidad de género en el sistema penitenciario argentino.

No obstante, en un esfuerzo por respetar los derechos de las personas trans privadas de libertad, se homologó una Guía de Procedimientos que establece pautas para llevar a cabo exámenes médicos y procedimientos de control y registro, respetando la privacidad, confidencialidad, intimidad y dignidad de las personas. Estas medidas reflejan un cambio significativo en la política penitenciaria argentina respecto a la identidad de género y han suscitado un debate sobre el equilibrio entre la seguridad institucional y los derechos humanos de las personas trans privadas de libertad.